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La eliminación del subsidio estatal a los combustibles en Bolivia provocó este martes una escalada de violencia en el corazón político del país. Una marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) terminó en enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones de la plaza Murillo, en La Paz, donde funcionan el Palacio de Gobierno y el Congreso. Al menos cuatro agentes resultaron heridos y debieron ser trasladados a centros médicos.
La movilización reunió a cientos de trabajadores, en su mayoría mineros estatales y privados, además de maestros rurales y obreros fabriles. Los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza a la plaza Murillo desde varios accesos, retirando vallas de seguridad y presionando los cordones policiales desplegados para resguardar el kilómetro cero del poder político boliviano.
Durante los incidentes se escucharon detonaciones de petardos y cargas de dinamita, un recurso habitual en protestas mineras en Bolivia, lo que elevó el nivel de riesgo en una zona densamente transitada.
La Policía respondió con gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a los manifestantes y evitar el ingreso al perímetro oficial. Un efectivo policial confirmó que “han hecho explotar dinamita; se realizará la evaluación médica para determinar las causas de las heridas y ya se activó el traslado en ambulancia”.
El intercambio se concentró en calles clave del centro histórico, como Yanacocha, Comercio, Socabaya y Potosí, y se extendió durante unos 25 minutos. Tras la dispersión, los manifestantes se replegaron hacia la avenida Mariscal Santa Cruz, una de las principales arterias de La Paz, que quedó bloqueada durante varias horas, afectando el tránsito y la actividad comercial.
El máximo representante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, sostuvo que la movilización tenía carácter pacífico y responsabilizó a las fuerzas de seguridad por la violencia. “Le decimos al Gobierno y a la Policía que no estén gasificando. Nosotros estamos aquí y ellos provocan”, afirmó, al justificar el uso de explosivos como una reacción defensiva.
La protesta se enmarca en el rechazo al Decreto Supremo 5503, que dispuso el retiro total del subsidio a la gasolina y al diésel, vigente durante más de dos décadas. La medida implicó aumentos del 86 % en el precio de la gasolina y del 162 % en el diésel.
El Gobierno de Rodrigo Paz argumenta que mantener la subvención sería fiscalmente inviable y que en 2026 demandaría un gasto equivalente al 6,4 % del producto interno bruto.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, defendió la decisión y llamó a la desescalada.
“Respetamos toda movilización que respete los derechos de otros”, señaló, al tiempo que expresó su expectativa de que “esto no pase de una gasificación” y se retome el diálogo. Sin embargo, cuestionó la postura de la COB de exigir la anulación del decreto como condición previa. “Eso no es diálogo”, afirmó.
Las protestas no se limitaron a La Paz. En El Alto, ciudad vecina y bastión sindical, grupos de vecinos bloquearon la salida hacia Oruro, mientras que en el departamento de Chuquisaca se reportaron cortes de ruta protagonizados por sectores campesinos. La COB convocó además a una huelga general indefinida, aunque su acatamiento ha sido dispar.
El conflicto representa el primer gran desafío social para el presidente Paz desde su asunción el 8 de noviembre. La Defensoría del Pueblo desplegó personal para mediar en la zona de los enfrentamientos, mientras comerciantes del centro expresaron su preocupación por las pérdidas económicas en un período de alta actividad previo a las fiestas.
