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El Congreso de Estados Unidos atraviesa su tercer día de cierre parcial del gobierno luego de que demócratas y republicanos no lograran alcanzar un acuerdo para restablecer la financiación federal. El principal punto de conflicto se centra en el presupuesto y las condiciones de funcionamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que mantiene bloqueadas las negociaciones.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresó su confianza en que la situación pueda resolverse en el corto plazo y sostuvo que la reapertura del gobierno podría concretarse en cuestión de días. Sin embargo, su margen de maniobra es muy reducido debido a la ajustada mayoría republicana, que se volvió aún más frágil tras la incorporación de un nuevo legislador demócrata elegido recientemente en Texas.
La negociación enfrenta fuertes resistencias dentro del propio Partido Republicano. Un sector conservador se opone a cualquier proyecto que incluya cambios en la financiación o en las reglas operativas del DHS, al considerar que aceptar esas modificaciones implicaría ceder ante las exigencias de la oposición. Desde ese espacio también acusan a los demócratas de utilizar el conflicto como una herramienta política para presionar al gobierno.
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El núcleo del desacuerdo está vinculado a las reformas propuestas para las agencias federales de inmigración, especialmente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La presión política aumentó tras la muerte de dos personas durante operativos federales en la ciudad de Mineápolis en menos de un mes, hechos que reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza y los procedimientos de detención.
A raíz de esos episodios, los demócratas anunciaron que no apoyarán ninguna iniciativa para financiar al DHS si no se aprueba un paquete de reformas obligatorias. Entre las exigencias se incluyen el uso permanente de cámaras corporales por parte de los agentes, la prohibición de cubrirse el rostro durante los operativos y la obligación de contar con una orden judicial previa para detener a migrantes.
Los líderes demócratas sostienen que no alcanzan los compromisos generales y que las reformas deben entrar en vigencia de inmediato para destrabar el conflicto. Algunos republicanos admiten estar dispuestos a aceptar medidas como el uso de cámaras corporales, pero rechazan otras demandas, como la prohibición de pasamontañas y la exigencia de órdenes judiciales para arrestos en la vía pública, argumentando razones de seguridad y marco legal vigente.
La falta de consenso dejó en suspenso un esquema transitorio de financiación que había sido aprobado por el Senado. Ese plan contemplaba la aprobación de varios proyectos para financiar la mayoría de las agencias federales hasta septiembre, junto con una prórroga temporal para el DHS mientras continuaban las negociaciones sobre política migratoria.
Ante el riesgo de que la votación fracase por divisiones internas, Johnson reconoció la necesidad de construir apoyos fuera de su partido y pidió voluntad de diálogo a ambas fuerzas políticas.
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Aunque el cierre parcial ya lleva varios días, por el momento no se prevé un impacto inmediato tan grave como el de parálisis presupuestarias anteriores, cuando cientos de miles de empleados federales fueron enviados a licencia sin sueldo o debieron continuar trabajando sin cobrar hasta que se restableció la financiación.
