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El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones por primera vez contra el dictador cubano Miguel Díaz-Canel al cumplirse cuatro años de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, según comunicó el Departamento de Estado. Las medidas también afectan a otros responsables clave del régimen, en el contexto de la represión de las manifestaciones históricas que dejaron más de 1.400 detenidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló en un comunicado que la designación de Díaz-Canel y otros funcionarios —como el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas— responde a su involucramiento en “graves violaciones a derechos humanos”.
De acuerdo con la misma comunicación, la sanción se basa en la “Sección 7031(c)”, lo que implica la prohibición de su entrada a Estados Unidos. Además, la medida incluye a sus respectivas familias.
Rubio explicó que “hace cuatro años, miles de cubanos salieron a las calles para demandar un futuro libre”, indicando que el régimen respondió con violencia y represión, arrestando a miles, incluyendo más de 700 que permanecen encarcelados. También lo acusó en su cuenta oficial de X de “torturar al disidente cubano José Daniel Ferrer”, exigiendo una “prueba de vida inmediata”.
Como parte del mismo paquete, Estados Unidos aplicó nuevas restricciones de visado a funcionarios judiciales y de prisiones que, según la administración, participaron en detenciones y torturas de manifestantes. La Casa Blanca añadió asimismo a 11 hoteles cubanos, incluido el nuevo hotel Torre K de 42 pisos en La Habana, a su lista de alojamientos restringidos y empresas vinculadas al régimen y al consorcio militar GAESA. Según el comunicado, el objetivo es “prevenir que fondos estadounidenses lleguen a la isla de los represores”.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció la decisión desde su cuenta en X y la atribuyó al gobierno de Donald Trump. “Estados Unidos es capaz de imponer sanciones migratorias contra dirigentes revolucionarios y mantener una guerra económica prolongada, pero no puede doblegar la voluntad de este pueblo ni de sus dirigentes”, afirmó Rodríguez.
El pronunciamiento estadounidense califica las manifestaciones del 11J como las mayores registradas en la isla desde 1959, con 1.400 detenidos, un muerto y decenas de heridos. El Departamento de Estado sostiene que muchos de los arrestados fueron “injustamente detenidos” y siguen sufriendo abusos en prisión.
La sanción contra Díaz-Canel y el reforzamiento de las restricciones económicas forma parte de la política adoptada en el memorando del 30 de junio anunciado por Trump, centrado en poner fin a prácticas que, según la Casa Blanca, benefician desproporcionadamente al gobierno cubano, las fuerzas armadas y agencias de inteligencia. Estados Unidos prohíbe además las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por los militares cubanos y reitera la prohibición legal del turismo estadounidense a la isla.
Las medidas coinciden con el malestar social en Cuba, desencadenado por la pandemia de covid-19, la escasez de alimentos y medicinas, y el racionamiento generalizado, factores que motivaron las protestas de 2021.
