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Los recortes a la ayuda exterior ordenados por el Gobierno de Estados Unidos han dejado a su paso estragos en la lucha contra la hepatitis en África. Desde el cierre de clínicas dedicadas a la atención de la hepatitis B y C y el despido de miles de auxiliares que aplicaban pruebas de diagnóstico gratuitas hasta interrupciones en el suministro de medicamentos. El impacto para los 72,5 millones de pacientes de hepatitis B y hepatitis C que hay en África es difícil de cuantificar con precisión porque la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otras instituciones no asignaban un presupuesto específico para la lucha contra estas enfermedades. Estos recursos, no obstante, llegaban a las organizaciones a través de los programas relacionados con el VIH, porque ambas afecciones se transmiten por vía sanguínea y sexual.
Por tanto, cuando la administración de Donald Trump suspendió USAID y pausó temporalmente el Plan de Emergencia del Presidente de EE UU para el Alivio del Sida (Pepfar), también causó “altos impactos” en hasta un 40% de las organizaciones dedicadas a luchar contra la hepatitis, según una encuesta hecha por la Coalición para la Eliminación Global de la Hepatitis (CGHE, por sus siglas en inglés), la Alianza Mundial contra la Hepatitis (WHA) y el equipo del Laboratorio para la Eliminación de la Hepatitis (Plan-B). Los principales hallazgos han sido publicados en una columna en The Lancet a última hora de este martes.
Las respuestas de 240 investigadores, trabajadores sanitarios y organizaciones entre marzo y octubre de 2025 permitieron detectar que un 30% de las organizaciones experimentaban “un alto impacto” en la atención clínica de sus pacientes y que un 40% atravesaban graves problemas para continuar con investigaciones y ensayos clínicos. No todas las fuentes consultadas respondieron la encuesta y algunas, incluso, pidieron hacerlo desde el anonimato por temor a perder las pocas donaciones que les quedan.
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Marion Delphin, una de las autoras de la publicación e investigadora posdoctoral del Instituto Francis Crick de Londres, afirma que recibieron reportes alarmantes de varios países africanos. “En Malaui despidieron a más de 1.500 auxiliares de pruebas a finales de 2025. Esto detuvo los tests comunitarios y obligó a las clínicas a cerrar, dejando a las personas sin posibilidad de atención ni prevención”, cuenta Delphin a este diario a través de correo electrónico. “Tenemos numerosos informes sobre el desabastecimiento de antivirales en varios países y sobre asociaciones comunitarias y grupos de apoyo gravemente afectados por la pérdida de financiación debido a la reorganización de prioridades”, añade.
En Malaui despidieron a más de 1.500 auxiliares de pruebas a finales de 2025. Esto detuvo los test comunitarios y obligó a las clínicas a cerrar, dejando a las personas sin posibilidad de atención ni prevenciónMarion Delphin, investigadora posdoctoral del Instituto Francis Crick de Londres
La hepatitis es una inflamación del hígado que, si no se diagnostica a tiempo ni se trata correctamente, puede terminar en daños hepáticos graves o en cáncer. Hay cinco cepas del virus que causa esta enfermedad, pero, en particular, los tipos B y C afectan a 304 millones de pacientes en todo el mundo y matan 1,3 millones de personas cada año. De las víctimas mortales, 943.000 están en África, según la OMS. Sin embargo, antes de los recortes, la lucha contra esta dolencia ya estaba en números críticos en el continente. Menos del 5% de las personas con hepatitis B han sido diagnosticadas y, de ellas, solo el 5% han recibido tratamiento. África tiene, además, la cobertura más baja de vacunación contra la variante B al nacer: apenas es de un 8%. En España, por ejemplo, forma parte del calendario sistemático infantil.
En este contexto de extrema fragilidad, el deterioro de la atención de la hepatitis coincide con un giro más amplio en la política sanitaria estadounidense. En diciembre, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, con expertos designados por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., votó a favor de desaconsejar la vacunación universal contra la hepatitis B en recién nacidos. El Gobierno también respaldó un controvertido estudio en Guinea-Bissau que planteaba dejar sin inmunizar a parte de los bebés, una iniciativa que fue bloqueada tras las objeciones éticas de la OMS.
El problema, advierten las organizaciones, es que la reducción de pruebas de detección, la interrupción de tratamientos y la disminución de la vacunación podrían derivar en un aumento de casos, en el agravamiento de los pacientes con dolencias hepáticas más agresivas y en la aparición de resistencia a los medicamentos. Delphin explica que la interrupción del tratamiento, en el caso de la hepatitis B crónica, puede provocar en un paciente “un rebote viral, inflamación y descompensación hepática y, en casos graves, la muerte”. Si se reduce la vacunación al nacer, añade, aumenta el riesgo de transmisión materno infantil, la principal vía de transmisión de hepatitis B en África subsahariana.
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Si se limitan los servicios preventivos, continúa, aumenta la carga de los sistemas sanitarios al tener que enfrentar insuficiencias hepáticas, atención oncológica, hospitalizaciones y trasplantes. “Necesitábamos aumentar las pruebas, la promoción y la accesibilidad a la atención, no reducirla“, insiste Delphin.
Hacer lo posible con menos recursos
La ONG Kiraay, que opera en Senegal, ha sido una de las afectadas. Hasta ahora, esta organización había funcionado bajo el paraguas de grandes coaliciones de organizaciones comunitarias en Senegal que recibían financiación para la lucha contra el VIH. Con esos recursos, la ONG atendía a pacientes con este virus y, también, a los que tenían dolencias relacionadas como la hepatitis. Pero con los recortes, lo poco que podía hacer está en la cuerda floja. “Hemos abogado por la inclusión de la hepatitis en las prioridades del Fondo Mundial [que también sufrió recortes]”, cuenta Fatou Poulh Sow, líder de Kiraay, a través de WhatsApp. A la vez, han tratado de buscar recursos de donantes regionales, pero aún no han tenido respuesta.
David Irinam, líder de la ONG Bekwarra Hepatitis B Support en Nigeria, lamenta trabajar “con las uñas” en un país donde viven más de 14,3 millones de personas con hepatitis B crónica y 1,3 millones con hepatitis C crónica. Desde 2023, esta organización lidera campañas de sensibilización, pruebas gratuitas y derivación de pacientes con hepatitis a centros de salud en el Estado de Cross River (cuatro millones de habitantes), donde se ha detectado una alta prevalencia.
“La política exterior de Donald Trump nos afectó mucho, los servicios se vieron alterados y no pudimos continuar con nuestros programas de impacto comunitario. No pudimos examinar a los habitantes de algunas comunidades a las que planeábamos ir y que son de muy difícil acceso”, relata Irinam, desde Bekwarra, a través de una llamada telefónica. En una campaña, por ejemplo, habían proyectado hacer 12.000 tests, pero solo completaron 6.000 porque no había suficiente dinero para viajar a pueblos remotos.
Irinam, que es microbiólogo y farmacéutico dedicado a la lucha contra la hepatitis en Nigeria, añade que los recortes también han dificultado que los pacientes consigan medicamentos a precios más bajos. “En esta región, un ciudadano promedio vive con menos de un dólar al día. Y los antirretrovirales cuestan unas 30.000 nairas al mes (22 dólares o 18 euros). La gente no puede asumir ese costo y tampoco lo que cuesta desplazarse para ir a ver al doctor”, explica.
Aunque el pasado diciembre, Bekwarra recibió un apoyo de la Hepatitis B Foundation USA y la African Hepatitis B Advocacy Coalition (ABAC), para actividades de sensibilización y tests gratuitos, afirma que no es suficiente para la dimensión del problema. “Por eso abogamos por que el Gobierno intervenga [en Cross River]”, agrega.
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No sé cómo vamos a resolver esto, será un gran desafío si las cosas siguen asíPrince B. Okinedo, cofundador de African Hepatitis B Advocacy Coalition (ABAC)
Prince B. Okinedo, cofundador de ABAC, lanzada hace un año, explica que la Coalición pudo entregar subvenciones a 11 organizaciones comunitarias, entre ellas Bekwarra. “Era la primera vez que algunos de ellos recibían subvenciones [para programas contra la hepatitis”, destaca Okinedo, en una vídeollamada. “Pero podrían haber sido muchas más”, reconoce.
Con el cambio de la política de salud global de EE UU, que se inclina más por acuerdos bilaterales con países, teme que la hepatitis siga sin estar entre las prioridades. “No sé cómo vamos a resolver esto, será un gran desafío si las cosas siguen así”, lamenta.
