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La defensa de la comunidad de monjas españolas excomulgadas por enfrentarse a la jerarquía católica pidió al juzgado que tiene que pronunciarse sobre su caso que pare el desahucio previsto para el 3 de octubre del monasterio de Belorado (Burgos, centro de España) donde viven.
El abogado de las exclarisas, Florentino Aláez, explicó este viernes a EFE que esperaban que la justicia suspendiera su expulsión del monasterio debido a la apelación presentada a principios de septiembre, pero lo han pedido expresamente para que el deshaucio no se produzca.
Las religiosas de la orden de Hermanas Pobres de Santa Clara -ocho en total- rompieron con el Vaticano después de que la Iglesia les impidiera vender un monasterio para comprar otro.
Este desencuentro hizo que decidieran situarse bajo la tutela de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, un católico excomulgado en julio de 2019 y fundador de la secta Pía Unión de San Pablo Apóstol.
La decisión originó el cisma y el enfrentamiento ha dado lugar a varias denuncias cruzadas ante los tribunales, entre ellas por la titularidad del monasterio, en el que siguen residiendo las ocho exmonjas, excomulgadas en junio de 2024.
Fallo en contra de las exmonjas
El Arzobispado de Burgos presentó una denuncia contra las exreligiosas por considerar que las monjas ya no pertenecen a la comunidad religiosa del monasterio de Santa Clara en Belorado, que sigue existiendo y cuyo representante legal es el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio.
Según el Arzobispado, cuando las exclarisas decidieron abandonar la Iglesia católica "sin que nadie las coaccionase ni obligase", perdieron su capacidad de gestión y administración sobre el monasterio y sus bienes.
El pasado 31 de julio, un juzgado de primera instancia emitió sentencia en la que daba la razón a la Iglesia católica, condenando a las exmonjas a desalojar el monasterio con amenaza de desalojo si no lo hacían voluntariamente, al no quedar demostrada su propiedad sobre el cenobio.
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Se abría entonces un plazo de 20 días hábiles para recurrir la sentencia, sin contar con agosto, que es un mes inhábil para la justicia, por lo que las exreligiosas disponen hasta el 29 de septiembre, según su abogado.
El abogado considera que el deshaucio del próximo viernes solo tiene efecto si las exmonjas no recurrieran la sentencia, pero existiendo ya un primer recurso y presentándose las otras siete apelaciones este próximo lunes, no cabe que se las desahucie sin que la Audiencia Provincial las haya resuelto.
