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Más de 150 ONG pidieron este lunes a la Comisión Europea que retire su propuesta de Reglamento de Retorno al considerar que criminaliza a los migrantes en lugar de asegurar su protección y facilitar su inclusión.
También instaron a la Eurocámara y al Consejo (países UE) a "rechazar la propuesta en su forma actual".
Las organizaciones reaccionaron así en una declaración conjunta a una propuesta legislativa que los representantes permanentes de los Estados miembros tienen previsto adoptar esta semana.
Esa legislación, llamada a sustituir la actual Directiva de Retorno, busca según las organizaciones que apoyan la declaración "la detención, la deportación, la externalización y el castigo".
Aseguran asimismo que hará que "más personas" se vean "empujadas" a un limbo legal y a condiciones peligrosas".
Y opinan que la posición de Bruselas "forma parte de un cambio más amplio en la política migratoria de la UE que caracteriza el movimiento humano como una amenaza para justificar excepciones a las garantías de los derechos fundamentales".
Entre los puntos de la futura legislación que denuncian, figura la extensión de la detención de inmigrantes "a niveles sin precedentes".
Entre los firmantes figura la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), una red de organizaciones internacionales con sede en Bruselas que trabaja para garantizar la justicia social y los derechos humanos de las personas migrantes indocumentadas.
Silvia Carta, de PICUM, dijo que este reglamento "allanará el camino para un régimen distópico de detención y deportación, con decenas de miles de personas encerradas en centros de detención de migrantes en toda Europa, familias separadas y personas enviadas a países que ni siquiera conocen".
La propuesta de reglamento para establecer un sistema común para las devoluciones de migrantes, presentada por la Comisión el pasado marzo, da la posibilidad a los Estados miembros de la UE de enviar a terceros países a los migrantes que hayan recibido una orden de devolución.
La legislación prevé también el "retorno forzado" y prohibiciones de entrada para los nacionales extranjeros que no puedan permanecer en la Unión Europea y supongan riesgos para la seguridad.
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El objetivo de la nueva normativa, que al ser un reglamento será de aplicación directa en los Estados miembros, es hacer que los retornos se gestionen de manera uniforme en toda la Unión, a través de un procedimiento simplificado.
