Lima.- Las autoridades penitenciarias de Perú anunciaron este lunes que aplicarán medidas disciplinarias contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), lo que incluirá el aislamiento, por haber comenzado una huelga de hambre en protesta contra el juicio por presunta rebelión en el intento de golpe de Estado de 2022, que comenzó la semana pasada.
«Este acto de indisciplina trae como consecuencia que se haya iniciado un proceso administrativo disciplinario al interno, cuyo resultado será comunicado oportunamente a la opinión pública», informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en un comunicado.
Agregó que el proceso disciplinario también «implica el aislamiento del interno y la suspensión de su visita».
El INPE sostuvo que «la negativa a ingerir alimentos como acto de protesta o rebeldía, constituye una falta disciplinaria grave», según el Código de Ejecución Penal, «con las consecuencias administrativas y disciplinarias que ello conlleva».
El organismo señaló que, «cumpliendo con el protocolo establecido, el interno ha sido evaluado por el área de salud del penal determinándose que se encuentra estable» y ratificó «el respeto por los derechos humanos de todos los internos ponderando el orden en los establecimientos penitenciarios en todo el país».
Castillo anunció este lunes que comenzaba una huelga de hambre, mediante una misiva publicada en su cuenta de la red social X, que firmó como «presidente en cautiverio».
El exmandatario afirmó que está «recluido injustamente» por actos «que nunca cometió» y denunció que el tribunal que lo procesa, «con una jueza que ha adelantado opinión», ha forzado el delito de rebelión para acusarlo y condenarlo.
«He decidido acatar (comenzar), a partir de la fecha, una huelga de hambre, acto que me lleva a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo», escribió en la carta firmada por él y por el abogado Walter Ayala.
El abogado confirmó a la emisora RPP que es defensor del exmandatario, aunque no en este juicio oral, y que este reclama que se cambie al tribunal que lo procesa, a pesar de que la sala ya rechazó la recusación contra una de sus magistradas.
Ayala criticó que Castillo sea procesado por rebelión porque, según dijo, el intento de golpe de Estado no se concretó y no hubo un alzamiento de armas, pues no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El jueves pasado, durante una audiencia del juicio a Castillo, para el que la Fiscalía pide 34 años de cárcel, el expresidente aseguró que está en la cárcel «injustamente» y que no necesita del servicio de la defensa pública porque su único delito es «defender al pueblo».
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El presidente del tribunal, José Neyra, le respondió que tendrá la oportunidad de presentar sus descargos durante el proceso, pero que era necesario contar con un abogado para cumplir con los requisitos legales de un juicio oral, por lo que se le ha asignó al defensor público Edgar Callahualpa, ya que no ha acreditado a un abogado para el proceso.
