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El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este miércoles al excanciller Álvaro Leyva Durán ante la Fiscalía colombiana por traición a la patria, en virtud de su aparente implicación en un plan sedicioso que pretendía expulsar del poder al mandatario con cooperación de EE.UU.
"La traición a la patria tiene que verse desde un contexto claro: que él [Leyva Durán] es un excanciller de este Gobierno y él no podía, como excanciller de este Gobierno, ir a un Gobierno extranjero a pedirles que hicieran presiones, que ayudaran para que se hiciera una ruptura del hilo constitucional y el presidente [Gustavo] Petro saliera de su cargo de forma anormal. Eso no se puede hacer", argumentó ante la prensa el representante legal de Petro, Alejandro Carrasco.
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Pese a destacar que Washington no se involucró en el plan del excanciller, el abogado llamó a recordar que uno de los congresistas estadounidenses mencionados en los audios de Leyva Durán revelados, Carlos Antonio Giménez, ha proferido insultos y acusaciones carentes de pruebas contra el jefe de Estado de Colombia.
"Hay que tener en cuenta las expresiones que uno de los congresistas americanos (sic) [Giménez] ha dicho reiteradamente, que es que el presidente es adicto, es enfermo, etcétera. ¿Y qué pruebas tiene el país? ¿Qué documentos han evidenciado eso?", reclamó.
A ese respecto, Carrasco puntualizó que Colombia no tiene ninguna prueba y que los señalamientos de Leyva Durán y Giménez se basan en la palabra del exdiplomático, quien estaría "ardido" (resentido) porque Petro no designó a su hijo en la Cancillería.
A partir de este rencor, detalló, el excanciller habría utilizado su papel como representante del mandatario en "unas reuniones" como fundamento para la supuesta incapacidad del gobernante.
Escándalo e investigaciones
En la víspera, la Fiscalía colombiana anunció el inicio de una indagatoria sobre el caso de los audios, en el que aparecen mencionados otras figuras de la política local como la vicepresidenta Francia Márquez y los precandidatos presidenciales Vicky Dávila y Miguel Uribe Turbay.
Tanto Márquez como Dávila se han desmarcado en público de la tentativa golpista. Además, la vicepresidenta demandó la intervención del Ministerio Público para esclarecer lo sucedido.
Entretanto, Petro exigió explicaciones tanto a la vicemandataria como al resto de personas a las que Leyva Durán aludió en los audios y, tras exponer en detalle los pasos que habría adelantado su excolaborador para expulsarlo del cargo, emplazó a la Justicia estadounidense para que investigue la eventual participación de políticos de ese país en el plan de derrocamiento. "Hay un golpe en flagrancia y hay que investigarlo y solicitarle a la Justicia de los EE.UU. que investigue", escribió en su cuenta de X.
