San Francisco de Macorís. – El exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal catalogó de espectáculo mediático los apresamientos ejecutados la madrugada de este domingo por la PEPCA, mediante allanamientos, en el alegado caso de corrupción administrativa denominado Operación Calamar.
El exfuncionario puntualizó que no era necesario realizar los denominado operativos que culminaron que la detención de mas de una docena de personas, todas ligadas a la gestión de gobierno de Danilo Medina.
Precisó que con este tipo de acciones del Ministerio Público se afecta la democracia del país.
“Cuando veo las noticias sobre estos espectáculos mediáticos me viene a la mente decir que por la salud de la democracia hay que cuidar las formas”, expresó durante una caminata realizada en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
Indicó que no se debió realizar aparataje con personas que siempre han acudido al llamado de las autoridades judiciales cuando son requeridas.
“Porque Esto de querer condenar a mediáticamente a las personas, personas que nunca se negaron a presentarse es muy grave para la salud de la democracia. No nos metamos cuchillos para nuestra propia garganta”, manifestó Fernández Mirabal.
El caso
Un total de 40 allanamientos en diferentes partes del país dejó detenidos a varios exfuncionarios de la gestión de gobierno de Danilo Medina, informó este domingo la Procuraduría General de la República (PGR)
Entre los detenidos se encuentran el exministro de la Presidencia José Ramón Peralta, de Hacienda Donald Guerrero y de Obras Públicas Gonzalo Castillo, y del excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño.
Entre los otros detenidos están el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
También Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
Según un comunicado de la PGR, la imputación preliminar del Ministerio Público es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.
