Lima. – El magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Víctor Zúñiga, ordenó este martes prisión preventiva durante 30 meses contra tres exasesores y colaboradores del Gobierno del presidente de Perú, Pedro Castillo.
La medida alcanzó a Salatiel Marrufo, Biberto Castillo y Abel Cabrera, para quienes el Ministerio Público solicitó originalmente 36 meses de prisión mientras se les investiga por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.
La Fiscalía aseguró que estas personas conformaron un «gabinete en la sombra», como parte de una presunta organización criminal creada en el Ejecutivo para «obtener ganancias ilícitas» con la concesión irregular de obras por el Ministerio de Vivienda.
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Durante la lectura de su resolución, el magistrado remarcó en los «fundados y graves cargos que pesan sobre los procesados» y consideró que se cumple la presunción para dictar la prisión preventiva, con ejecución inmediata.
El fiscal a cargo del caso, Ismael Martínez, señaló al inicio de la audiencia de revisión del pedido, que comenzó el pasado sábado, que los implicados pueden recibir condenas de 19 a 34 años de prisión.
Los defensores de los imputados aseguraron, sin embargo, que el pedido no cumplía con los presupuestos de «fundados y graves elementos de convicción» y que, en el peor de los casos, se debía dictar una comparecencia con restricciones y el pago de una caución (fianza).
Tras la resolución del juez Zúñiga, la Fiscalía afirmó que la acogía «en todos sus extremos», mientras que los abogados defensores anunciaron que interpondrán recursos de apelación en el plazo que establece la ley peruana.
LA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA
El Ministerio Público presentó la solicitud como parte de la investigación que realiza de una presunta organización criminal que, según su acusación, lidera el presidente Castillo, contra quien la fiscal general, Patricia Benavides, presentó el pasado 11 de octubre una denuncia constitucional ante el Congreso.
Benavides acusó a Castillo de ser el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).
Según la Fiscalía, la presunta organización criminal realizó actos ilegales en las contrataciones públicas desde junio de 2021, con ausencia de reuniones formales y citas al Palacio de Gobierno, al Congreso o a los ministerios de Economía y de Vivienda.
El Ministerio Público también acusó a la organización de construir redes de protección, encubrir a investigados y realizar actos de difamación y persecución contra las entidades investigadoras.
Castillo rechaza estas acusaciones y defiende, mediante sus abogados y principales portavoces, que no puede estar denunciado ante el Congreso porque goza de la inmunidad que le otorga el cargo.
El artículo 117 de la Constitución peruana establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
