Hago uso de la palabra en este Hemiciclo para llamar la atención a mis honorables colegas, con ocasión de rogarles tener en cuenta estas observaciones y precauciones sobre la aprobación en primera lectura de este anteproyecto de ley, en virtud de la realidad objetiva y sentida de la sociedad, de la población y la geografía política y física, donde habrá de aplicarse democráticamente este dispositivo legal.
Pensemos en que la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, creará un sistema, el cual deberá ser validado en su diseño, instalación, operación y desempeño más allá de la redacción y texto de la misma, sino en el contexto político, democrático, geográfico y físico, tomando en cuenta nuestro desarrollo y crecimiento económico, social, poblacional, tecnológico y cultural, de cara a la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Quisiera pedir mesura y reflexión a esta augusta sala y ofrecer mis disculpas, si mi turno pudiera ofender la paciencia de mis colegas senadores y senadoras, toda vez que la prisa en la aprobación en segunda lectura pudiera conllevar efectos indeseados, tan pronto al Estado tenga que darle un uso democrático a esta norma. Muy a pesar de las certezas del texto legal, deberíamos prestar mayor atención a las costumbres morales, culturales, sociales y políticas, vigentes en el sistema de convivencia entre el Estado, la sociedad y la ciudadanía, al momento de hacer cumplir las leyes, las garantizan y limitan la libertad, el respeto a la Ley, el orden público y la igualdad de oportunidades.
Colocamos la responsabilidad política y democrática sobre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, sin tomar en cuenta los instrumentos políticos, democráticos, sociales y culturales que este ministerio debería tener para la administración del sistema y subsistema que creará esta Ley, ni tampoco, hemos buscado la asesoría técnicas y científicas con las que pudiéramos prevenir los errores del pasado, pues pasamos por alto las consultas condignas para un proyecto de ley con esta envergadura política, tanto en su recorrido económico, como en su resonancia social.
Invito al Senado a pensar, por ejemplo, en las demandas de agua y electricidad, y en los planes de desarrollo para la oferta de estos rubros, para el año 2030, siguiendo la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo, número 1-12, promulgada el 25 de enero del año 2012, una norma que es letra muerta en su ejecución, si contemplamos la oferta de agua y la oferta eléctrica. 10 años después de promulgada, veremos a la sociedad y a la población sufriendo las mismas penurias por la falta de agua y el empeoramiento de sistema eléctrico nacional, no obstante, los grandes anuncios en la construcción de infraestructuras hidráulicas, hidroeléctricas, de generación eléctrica y la producción de energía a partir del sol y el viento.
Ruego su anuencia para ilustrar más a profundidad nuestro llamado a reflexionar, en nuestra responsabilidad democrática y en la obligación constitucional frente a la sociedad y a los ciudadanos que nos delegaron su libertad para representarles en el Congreso.
Presento con todos mis respetos, el caso de las presas de Pinalito, Palomino, Monte Grande, las Placetas; los dos primeros, tienen una producción energética pírrica, concebidas para 60 megavatios cada una, las dos no aportan 50 megas, a pesar de los riesgos en el Ordenamiento Territorial, uso de Suelo, y sobre los Asentamientos Humanos que habitan en su área de influencia. Pasa lo mismo hoy con las presas de Monte Grande y la de Las Placetas, donde la planificación para la adjudicación de estos proyectos brilló por su ausencia.
Es que la construcción de una presa conlleva unos criterios científicos y técnicos, que están en función de los estudios para el uso de los caudales de las fuentes de aguas, si son las presas para control de avenidas, cuando se desbordan los ríos, los arroyos, los lagos o las lagunas. Si vamos a construir una presa de baja montaña para retener el agua para suplir lugares de producción agroalimentaria. También estas obras pueden ser de alta montaña para generar energía eléctrica. En todos estos casos prima el Ordenamiento Territorial, el Uso de Suelo y los Asentamientos Humanos.
Sucede lo propio con la energía alternativa para la llamada Transición Energética; estamos otorgando concesiones mediante licitaciones, donde hoy se han creado intereses para la producción de energía eólica y fotovoltaica que ocupan grandes extensiones de terrenos, en los cuales, nunca se ha tomado en cuenta la vocación de los suelos, ni la sostenibilidad en la oferta energética, solo sirve de base a estos parques el afán de lucro, ni la producción de alimentos, ni las rentas sociales, a las cuales está obligado constitucionalmente el Estado dominicano.
Ofrezco como botones de muestra, la realidad de hoy con estos proyectos de energía alternativa, unos datos a los cuales invito a mis colegas a verificar en línea, sobre la oferta energética, tanto la eólica, como la fotovoltaica, una súper oferta de energía renovable de 257 megas, que apenas llega a un 10% en las horas pico. En Montecristi tenemos 60 megas de capacidad, solo oferta 6 megas; en Canoa, Barahona, otros 60 megas, solo oferta 6 megas; mientras se tiene a Punta Catalina produciendo cenizas, sin una planta de lixiviados y sin un relleno sanitario; Jiguey produciendo 25 megas y a Central Aguacate produciendo 43 megas, las dos por debajo de su capacidad.
Hemos llevado a todos ustedes estas reflexiones, con el único propósito de reiterarle nuestro pedido en comisión, de buscar asesoría científica y técnica, antes de aprobar en segunda lectura este Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Muchas gracias.-
