México.- Pese a las crecientes deportaciones y operativos de Estados Unidos y México, los migrantes en el límite de la mexicana Ciudad Juárez con El Paso estadounidense insisten en cruzar el fronterizo río Bravo (o Grande) de forma irregular.
La situación escaló porque la semana pasada las autoridades estadounidenses expulsaron a 200 migrantes que cruzaron por la puerta 40 del muro fronterizo y los entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano en Ciudad Juárez, donde avisó que los retornarían a Chiapas, estado de la frontera sur de México.
El venezolano Marco Galindo consideró «muy frustrante» reiniciar su ruta.
“Es como si fuera un fracaso, todo el mundo está buscando el sueño de subir a Estados Unidos y ya que estamos aquí, esa guerra que nos hacen desde Tapachula (ciudad de la frontera sur), hacen la vida imposible. Los de Migración, la Guardia Nacional, por todos lados nos corretean (persigue)», dijo Galindo a EFE.
El suramericano señaló que entre quienes están varados en el río Bravo corre ahora el temor sobre si cruzar o no, pues mientras en Estados Unidos la Guardia Nacional de Texas los devuelve a golpes, en México los agentes del INM los retornarían a Chiapas en un autobús atados de manos.
También contó que muchos de ellos tienen más de cinco meses en Juárez, donde además de conseguir recursos tienen que afrontar la delincuencia organizada, y todos los días hacen un recorrido de unos 10 kilómetros a lo largo de la frontera para ver por dónde pasar.
“Buscando la solución de entrar, pero ahora con eso de que tres veces he entrado y tres veces me han sacado (no sé). Pero gracias a Dios no me han mandado pa’ Tapachula, me sacan ahí mismo», manifestó.
Un reflejo de más restricciones
Lo que sucede en Ciudad Juárez refleja las crecientes restricciones en la frontera de Estados Unidos, donde el 9 de mayo el Gobierno de Joe Biden promulgó una norma que instruye a los agentes migratorios a prohibir que las personas consideradas un «riesgo para la seguridad pública o nacional» soliciten asilo.
Biden y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acordaron a finales de abril «trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas con el fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares y al mismo tiempo proteger los derechos humanos».
Tan solo en el primer trimestre de 2024, la migración irregular interceptada por el Gobierno mexicano creció cerca de un 200 % anual hasta casi 360.000 personas.
José Luna Ochoa, migrante de Venezuela que se apostó en el río Bravo en espera de cruzar, atribuyó los operativos a que este año coinciden las elecciones en Estados Unidos y México.
“Como vienen las elecciones han endurecido más las leyes para los inmigrantes, para poder pasar para allá, nosotros vamos a cruzar como podamos de buena manera y con la voluntad de Dios”, sostuvo.
Agregó que, además del clima, lidian con la inseguridad que representa México, tanto por la persecución de las autoridades migratorias y como por los secuestros del crimen organizado.
“Sí vale la pena, queremos darles a nuestros hijos un mejor futuro, ya que en nuestro país no hay educación, no hay seguridad, no hay salud, estamos en dictadura, un sueldo es de 7 dólares mensuales y 2 dólares vale un kilo de harina para hacer unas arepas”, señaló el migrante.
