Santo Domingo.- El Ministerio Público apelará la decisión del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que declara la extinción de la acción penal en el caso Los Tres Brazos, por el que fue procesado el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar y otras 16 personas.
El fiscal litigante José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reprobó la sentencia, destacando que no está apegada al derecho, informó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.
La resolución del Tribunal se basa en «el vencimiento del plazo máximo del tiempo transcurrido de la investigación”, pero en el Ministerio Público «no estamos conformes con esa decisión, y vamos a apelar la misma dentro de los plazos que establece la ley», afirmó Marmolejos.
Entre las razones para este desacuerdo está el hecho de que «apenas hace tres meses la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que es un tribunal de mayor jerarquía que el Cuarto Tribunal Colegiado, ya había rechazado y declarado que no estaba extinguido el proceso”, por lo que la decisión que adoptó el tribunal «no es apegada al derecho”.
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Fiscales adscritos a la Pepca establecieron que los involucrados en la trama enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.
Además de Leoncio Almánzar, en este caso fueron acusados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, ex consultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.
Igualmente, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del acusado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público también acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
El exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fue destituido tras ser investigado por cometer irregularidades en el ejercicio de sus funciones, en el año 2022 dictó un auto de no ha lugar a favor de Leoncio Almánzar y los demás acusados de la venta ilegal de los terrenos en Los Tres Brazos.
