Santo Domingo. – El Ministerio Público relevó que la alegada red de narcotráfico y lavado de activo denominada operación Falcón traficaba alrededor de 2,500 kilos de drogas semanales.
Según las autoridades, estas personas pertenecían a una red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.
De acuerdo con la acusación de medida de coerción depositada este viernes, «existen evidencias» de que la red incrementó sus operaciones a partir de 2017.
Entre la República Dominicana y Puerto Rico se le decomisó aproximadamente 8,500 kilos de cocaína, «lo que evidencia el clima de impunidad en el que desempeñaban sus operaciones delictivas», añadió la acusación, agregó la nota de la Procuraduría.
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Asimismo, el órgano judicial informó que solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 21 personas arrestadas en el marco de la operación Falcón, entre ellos, el director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, por su supuesta implicación en una poderosa red de narcotráfico y lavado.
En su solicitud de medida de coerción presentada a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, también pidió que el caso sea declarado complejo, de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General.
Además de Maldonado Castro, suspendido de sus funcionarios el miércoles por el presidente Luis Abinader, en este caso están implicados María Olimpia Tavares Rodríguez, Víctor Elpidio, Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
Esta red, que tenía su base de operación sobre todo en Santiago, portaba y traficaba armas de fuego de alto calibre, incluso solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado, señaló.
Para desmantelas esta estructura, las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.
Con información de EFE
