Santo Domingo.- A siete meses del trágico colapso ocurrido en la discoteca Jet Set , el Ministerio Público solicitó la apertura de juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados como principales responsables del derrumbe del techo del establecimiento, ocurrido el 8 de abril de 2025. La tragedia cobró la vida de 236 personas y dejó a más de un centenar de heridos, marcando uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del país. Mientras tanto, los familiares de las víctimas continúan esperando justicia.
Este sábado se llevó a cabo una misa encabezada por el padre Rogelio Cruz para recordar a las víctimas en la denomina Zona Cero, y la ocasión fue propicia para el bautismo de Thiago, hijo de Nelfissis Sánchez y del expelotero Tony Blanco, quienes perdieron la vida en el colapso.
En el lugar la consigna es la misma: "Queremos justicia", mientras las autoridades señalan en el expediente que los hermanos Espaillat, incurrieron en los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, sancionados por los artículos 319 y 320 del Código Penal. Los fiscales sustentan la acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.


Siete meses después, el dolor sigue presente. Los sobrevivientes con heridas físicas aún luchas por sanar las secuelas emocionales de la fatídica noche.
Sobrecarga del techo
Asimismo, establecen que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.
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Numerosas críticas han surgido en torno a las penas contempladas en el Código Penal dominicano, que aún establece sanciones de entre tres meses y dos años de prisión correccional, además de multas irrisorias que oscilan entre 25 y 100 pesos. Más allá del proceso penal, los imputados también podrían enfrentar responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados a las víctimas y sus familiares.
La investigación se realizó a partir de una instrucción particular dictada por la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien comisionó al Director General de Persecución y a la Fiscal del Distrito Nacional para que llevaran adelante el proceso penal, a fin de determinar las causas de la caída del techo de la discoteca Jet Set Club.






