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Santo Domingo.- El proceso judicial contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez y otros 14 implicados acusados de presunta estafa al Estado por más de 6,000 millones de pesos, fue aplazada para el 11 de febrero, a las 9:00 de la mañana, permaneciendo estancada en la fase de juicio de fondo a casi cinco años de haber sido sometida.
La audiencia, que tenía como objetivo iniciar la lectura formal de la acusación del Ministerio Público, fue suspendida tras una solicitud presentada por la defensa de Altagracia Guillén Calzado, una de las imputadas en el expediente. Con esta decisión, el caso acumula seis aplazamientos desde que fue fijado originalmente para el 1 de mayo de 2025.
El abogado Carlos Moreno, representante legal de Guillén Calzado, excoordinadora de la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Rodríguez, solicitó más tiempo para revisar documentos y actas del proceso, alegando la necesidad de prepararse adecuadamente para ejercer la defensa de su clienta.
La petición se produjo luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las magistradas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, ordenara la fusión del expediente de Guillén Calzado con el del exprocurador. La imputada había sido previamente separada del proceso por el juez de instrucción Amauri Martínez, debido a alegatos de salud, con el objetivo de evitar retrasos en el juicio principal.
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Durante la sesión también se debatió la inclusión de la empresa Fire Control Systems dentro del expediente principal, un punto que continúa sin resolución y que ha contribuido a la prolongación del proceso.
La jurista Ingrid Hidalgo advirtió que, de continuar las dilaciones, solicitaría la separación del expediente de su representado, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría, al considerar que la integración tardía de defensas solo profundiza la mora judicial.
La presidenta del tribunal, Claribel Nivar, llamó a las partes a asumir responsabilidad procesal y advirtió que el órgano judicial no permitirá maniobras que obstaculicen el avance del caso. “Aquí no podemos ir en un hoy me fusiono y mañana me desgloso”, afirmó, señalando que el tribunal está facultado para ordenar separaciones si fuese necesario.
Por su parte, la jueza Yissell Soto exhortó a los abogados a evitar incidentes innecesarios que mantengan paralizado un expediente que ya supera los dos años sin avances sustanciales desde el cierre de la fase de instrucción.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, expresó el desgaste institucional ante la reiteración de incidentes procesales, señalando que se trata del mismo expediente, con las mismas pruebas y la misma acusación, que continúa sin ser conocido en el fondo.
