Santo Domingo.- La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) y la Asociación Nacional de Industrias y Productores de Áridos de la República Dominicana (ANIPARD) llevaron a cabo la primera jornada de formación conjunta sobre el marco jurídico, ambiental y normativo que regula la extracción de áridos en el país.
El taller tuvo como objetivo fortalecer la regulación y transparencia en cada una de las etapas de la industria de áridos, promoviendo la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
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Participación institucional y destacados expertos
El evento contó con la presencia de importantes representantes del sector público, académico y empresarial, entre ellos:
– El Lic. Carlos Pimentel, Director de la DGCP, acompañado de las áreas de Jurídica, Políticas, Normas y Procedimientos, y de Compras Sostenibles.
– El Dr. Francisco Contreras, Procurador General de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente (PROEDEMAREN).
– El Maestro Luis Carvajal, Coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
– El Lic. Nelson Pimentel, Asesor Ambiental de la Comisión Ambiental del Senado de la República y Presidente de la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental de la República Dominicana (FUDDEA-RD).
– Carlos Constanza, Presidente de ANIPARD.
– El Lic. Carlos Julio Martínez, asesor jurídico de ANIPARD.
– El Ing. Jeysson Ortega, Asesor Técnico de ANIPARD.
– Lic. Jesús Pimentel, de ANIPARD.- Representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Compromiso con la regulación y sostenibilidad
Durante el taller, se destacó la necesidad de implementar procesos más rigurosos y transparentes en la contratación de empresas extractoras de áridos, garantizando que las adquisiciones del Estado se realicen bajo criterios de sostenibilidad y cumplimiento legal.
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Un precedente para el sector de áridos en el país
Este primer taller conjunto entre la DGCP y ANIPARD representa un hito en el fortalecimiento de la gobernanza del sector de áridos en República Dominicana. Ambas entidades reiteraron su compromiso con la implementación de prácticas responsables y alineadas con la legislación vigente, asegurando un impacto positivo y duradero en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible del país.
