Santo Domingo. – “En la RD la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea… Es increíble cómo mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado”.
Así de disgustada reaccionó la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, horas después de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional falló a favor de la puesta en libertad del ex director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, al no encontrar pruebas de que este haya incurrido en sobornos e irregularidades durante su gestión, ni participación en el caso del secuestro y asesinato de Yuniol Ramírez.
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De los que figuraban en el expediente, las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo señalaron a Argenis Contreras como el ejecutor de Ramírez, y lo condenaron a 20 años de prisión. Mientras que, al exdirector financiero de la OMSA, Faustino Rosario, lo sentenciaron a un año de cárcel y la inhabilitación por cinco años de cumplir una función pública.
En cuanto a los imputados José Antonio Mercado, Víctor Ravelo Campos, Jorge Luis Abreu, Heidy Peña y Lilian Suárez, fueron declarados inocentes de los cargos de asesinato, ocultamiento de cadáver y corrupción debido a la escasez de pruebas que los conectaran al caso.
No es la primera vez que los representantes del Ministerio Público emiten fuertes quejas.
Este falló ha dejado un sabor agridulce o una victoria a medias para un organismo que ha probado la derrota en casos muy sonados en los últimos años, como son Odebrecht, Super Tucano y Los Tres Brazos.
Odebrecht
Este caso causó desde sus inicios, en 2017, un «terremoto» político en el país, puesto que salpicó a funcionarios de gran connotación.
La investigación causó indignación en la opinión pública, ocasionando inéditas manifestaciones contra la corrupción y contra la impunidad, aglutinadas en el movimiento Marcha Verde.
El 26 de diciembre del 2016, el entonces procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, quien cumple prisión preventiva como medida de coerción tras ser acusado de cometer actos de corrupción, informó al Ministerio Público que comenzaría trabajos para procesar a los supuestos involucrados.
Por el caso fueron acusadas 14 personas, de las cuales solo seis fueron enviados a juicio y, casi cinco años después, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a solo dos imputados.
El exministro Víctor Díaz Rúa fue condenado a cinco años de cárcel por lavado de dinero, mientras que el empresario Ángel Rondón fue sentenciado a ocho años, al ser hallado culpable de repartir los sobornos millonarios y de lavado de dinero.
Los Tres Brazos
Otro caso de corrupción administrativa que se le cayó al Ministerio Público fue el denominado “Los Tres Brazos”, donde el órgano acusador aseguró que los imputados desfalcaron al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno de esa barriada ubicada en Santo Domingo Este.
Los acusados fueron favorecidos con un “no ha lugar” por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien rechazó el pedido del MP de enviar a juicio a los imputados.
El magistrado tomó la decisión, al considerar que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) “no presentó las pruebas suficientes para probar los hechos en un juicio de fondo”.
Super Tucaso
A las acusaciones que el MP no han podido sustentar en los tribunales se suma el caso Super Tucano, el cual después de siete años en procesos judiciales, todos los imputados fueron descargados por insuficiencia de pruebas que comprobará su culpabilidad.
Con esta medida dictaminada por las magistradas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, investigación por el alegado pago de sobornos para la compra de ocho aviones Super Tucano por el Gobierno dominicano, que comenzó en 2013 con el apresamiento en Brasil de un asesor de ventas de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), llegó a su fin en el país.
El exministro de Defensa, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); y el empresario Daniel Aquino Hernández fueron declarados no culpables de recibir pagos por unos 3.5 millones de dólares, supuestamente para agenciar la compra de estas aeronaves, adquiridas en 2009.
