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El país entero continúa estremecido tras conocerse los detalles del sangriento operativo policial ocurrido el 10 de septiembre en Santiago, donde cinco hombres fueron ejecutados en el parqueo del centro comercial Corona Plaza, en el sector La Barranquita, a plena luz del día.
Lo que en principio fue presentado como un intercambio de disparos entre agentes y presuntos delincuentes, ha sido calificado por el Ministerio Público como una “ejecución extrajudicial”, un hecho que desnuda las sombras dentro de la Policía Nacional y pone a prueba la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad del Estado.
De acuerdo con el expediente judicial presentado por la Fiscalía de Santiago, once agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a distintas divisiones de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), participaron directamente en el operativo que terminó con la vida de las víctimas Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro alias El Charly, Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez alias La Tabla, y José Vladimir Valerio Estévez alias Vladi.
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El operativo, presuntamente vinculado a un supuesto caso de tráfico de armas, se ejecutó de forma coordinada entre agentes del Dicrim en Santo Domingo y miembros de la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central, con base en Santiago.
Los hechos en según el expediente del MP:
- A las 2:15 p.m. Los uniformados salieron en tres vehículos hacia la avenida Olímpica, sector La Barranquita y llegaron al lugar distribuidos en tres vehículos: una camioneta Toyota Hilux blanca, un Kia Rio y un Toyota Yaris.
- A las 2:21 p.m. Al llegar a la Avenida Olímpica los imputados se posicionaron en los vehículos próximo al lugar de los hechos.
- A las 2:22 p.m.: llegó a la plaza el carro Honda Civic dorado, placa A576131, conducido por Carlos Enrique Guzmán Navarro alias El Charly.
- Un minuto después, arribó el automóvil Kia blanco, placa A824816, propiedad de José Vladimir Valerio Estévez, quien se reunió con las demás víctimas que andaban a bordo del carro Mazda blanco, placa A302436 y quienes entraron al parqueo de la referida plaza.
- A las 2:26 p.m. los policías se estacionaron frente a la plaza, bajaron de los vehículos y sin mediar palabras, abrieron fuego contra las víctimas: Edward Bernardo Peña Rodríguez; Carlos Enrique Guzmán Navarro; Elvis Antonio Martínez Rodríguez; Julio Alberto Gómez y José Vladimir Valerio Estévez.
El ataque fue tan rápido como brutal. Decenas de disparos impactaron los automóviles provocando la muerte inmediata de las víctimas. Los informes forenses indican que todos recibieron múltiples heridas de bala, muchas de ellas en zonas vitales, y que ninguna de las víctimas tuvo oportunidad de defenderse.
Entre los acusados figuran altos oficiales y agentes activos de pertenecientes al Dicrim o a su subdirección en el Cibao Central, con asiento en Santiago de los Caballeros.
Entre ellos se encuentran:
- Mayor Álvaro Paredes Paniagua
- Capitán José Ignacio Gómez Rodríguez
- Segundo Teniente Domingo De Los Santos Vargas
- Cabo Yohandy Encarnación
- Cabo Geyser Francisco Álvarez Rodríguez
- Raso Adrián Miguel Villalona Pineda
- Mayor Hansel Michel Cuevas Carrasco
- Sargento Mayor Sócrates Fidel Feliz Feliz
- Sargento Hairo Mateo Morillo
- Cabo César Augusto Martínez Trinidad
- Raso José Octavio Jiménez Peña
La Fiscalía los acusa de homicidio voluntario, asociación ilícita, abuso de autoridad, violaciones a los derechos humanos y obstrucción de la justicia.
Según los fiscales, tras los disparos los imputados sustrajeron equipos de videovigilancia (DVR) de varios comercios, así como celulares de testigos y personas que se encontraban en el área, con el fin de eliminar toda evidencia que pudiera incriminarlos.
Una residente de un edificio contiguo relató que grabó parte del tiroteo desde su balcón, pero minutos después varios agentes subieron a su vivienda, le arrebataron el teléfono y borraron el video antes de retirarse del lugar.
Pese a los intentos de encubrimiento, el Ministerio Público logró recuperar imágenes del sistema 911 y de cámaras cercanas que muestran los movimientos de los agentes antes y después del operativo, así como el retiro apresurado de las unidades involucradas.
Evidencias balísticas y hallazgos forenses
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó un levantamiento minucioso del área, encontrando cientos de casquillos de diversos calibres (5.56 mm, 9 mm, 45 mm, entre otros) y múltiples impactos en los vehículos de las víctimas.
Dentro de los automóviles se hallaron residuos de pólvora, armas de fuego y proyectiles mutilados, algunos de los cuales pudieron ser colocados tras el hecho para simular un enfrentamiento.
El Inacif concluyó que los cinco hombres murieron por shock hemorrágico causado por heridas de proyectil de arma de fuego, y que la trayectoria de los disparos sugiere una ejecución a corta distancia, no un intercambio de fuego.
El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, fue categórico al referirse al caso:
“Lo ocurrido en La Barranquita no fue un operativo fallido, fue una ejecución extrajudicial planificada y ejecutada por agentes del Estado”.
De igual manera, la vicepresidenta Raquel Peña y el arzobispo de Santiago han llamado a esperar justicia y garantizar un proceso transparente, subrayando la gravedad institucional de los hechos ocurridos en La Barranquita.
El caso ha generado indignación nacional y varios sectores exigen una investigación independiente y sanciones ejemplares para los responsables. Asimismo, familiares de las víctimas han declarado sentirse doblemente ultrajados, primero por la ejecución y luego por los intentos de los implicados de distorsionar los hechos.
El expediente del Ministerio Público describe una operación cuidadosamente coordinada entre unidades de élite policiales, realizada con recursos estatales y bajo pretextos falsos.
