En una de las calles del batey San Miguel del Seibo, al este de la República Dominicana, lloran la pérdida de una víctima de feminicidio.
Bajo una carpa y el implacable sol de las 2:00 de la tarde, Liliana (nombre ficticio) de 7 años de edad no comprende porqué su abuela, sus tíos y sus primas lloran de manera desesperada frente al cuerpo inerte de su madre.
Además, desconoce el paradero de su progenitor y se pregunta por qué no está llorando delante del ataúd de su compañera de vida junto a sus familiares. Tiempo después, un poco más de madurez y realidad darían esas respuestas.
Bastaron cinco años para que Liliana cayera en cuenta que, sin importar que su madre había logrado una orden de alejamiento por recibir múltiples maltratos, su padre la asesinó a puñaladas y luego se suicidó.
Y aunque su mundo se desmoronó desde el momento en que perdió a sus padres, ella pudo hallar protección a través del manto de su familia materna.
Pero muchos infantes que han padecido esa tragedia no suelen tener las mismas oportunidades. Tristemente, la realidad es más sombría de lo que solo las noticias e informes pueden contar.
De acuerdo a la Fundación Vida Sin Violencia, dirigida por Yanira Fondeur, entre 2020 y 2024, se registraron 313 huérfanos producto del feminicidio.
“Esta cruel realidad requiere de un cambio cultural profundo, para lo cual demandamos políticas públicas eficientes y transformadoras del machismo que impera en un segmento considerable de los hombres, con miras a fomentar respeto y corresponsabilidad, optimizar la protección a las denunciantes, implementar educación en las escuelas sobre manejo de conflictos, educar a padres en métodos de crianza positiva y fortalecer la capacitación de jueces, policías y fiscales, entre otras”, sostiene Yanira Fondeur.
Sin embargo, estas cifras pudieran quedarse cortas ya que, de acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR), a través de una solicitud hecha al Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), entre 2020 y 2024 hubo un total de 680 asesinatos de mujeres y feminicidios.
Mientras que un estudio del Poder Judicial que abarca 2020 y 2022, señala que el 41% de las sentencias de feminicidios tuvieron como resultados huérfanos y huérfanas durante ese periodo.
Postura de CONANI
La encargada de Prensa del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Dania Batista, asegura que los huérfanos por feminicidios generalmente no entran al Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) porque son asumidos por su familia extendida (hermanos, abuelos o primos).
Agrega que el Conani sí brinda, a requerimiento del Ministerio Público, atención psicológica a infantes en condición de orfandad por feminicidios, a través de sus oficinas técnicas regionales y municipales.
“El Ministerio Público es el ente responsable de llevar el registro estadístico de los NNA huérfanos por feminicidios, de acuerdo con el Protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio”.
Esta información es corroborada por Francisco Antonio Pérez Lora, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, quien añade que el Tribunal de NNA no se autoapodera de los casos, ya que lo idóneo es que Conani, una vez tenga conocimiento de un niño en situación de vulnerabilidad, solicite medidas de protección y autorización de seguimiento.
Estadísticas letales
Según el observatorio Justicia y Género del Poder Judicial, entre enero de 2020 y septiembre de 2024, el Centro de Entrevistas Forenses de esa entidad abordó a 8,911 niños, niñas y adolescentes en las cámaras gesell.
De ese total, 363 fueron testigos de un asesinato u homicidio, del que se presume que la mayoría de las víctimas fueron seres queridos, especialmente un padre o una madre. Además, de las 8, 911 entrevistas, 6,784 fueron a niñas; mientras que 2,127 fueron niños, lo que representa una aplastante vulnerabilidad en el caso de las infantas.
En el portal de esa institución se detalla que, entre 2020 y 2023, se registraron un total de 151 niños, niñas y adolescentes que estuvieron en condiciones de abandono, y en ese mismo periodo, se estima que 1,123 estaban en las calles o eran víctimas de las peores formas de trabajo o explotación infantil.
Ese mismo informe desglosa que entre 2020 y 2023, un total de 3,769 se vieron obligados a ingresar en hogares de acogida.
Esa condición de desprotección sirve como caldo de cultivo para que niños y niñas se inclinen a violentar las leyes, tal como demuestran los datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), a través del Departamento de la Policía Judicial Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes.
Un informe revela que, entre 2007 y 2020, un total de 42,623 adolescentes entraron en conflicto con la ley por diversos tipos de delitos o motivos.
Estudio regional
Pero si los datos de la niñez en el país llaman a preocupación, las cifras generales en la región resultan alarmantes.
Un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que abarca entre 2010 y 2023, alrededor de 158,000 menores de edad se encuentran en instituciones de acogida, lo que equivale a que 85 de cada 100,000 niños están en esa situación.
El informe expone que el 10% de la población en general vive en situación de pobreza extrema. No obstante, este porcentaje se eleva a 16% entre los niños y niñas menores de 15 años.
La proporción de niños y niñas menores de 15 años que sufren maltrato físico o psicológico varía entre los países de la región. La diferencia en la prevalencia de maltrato infantil entre países con datos disponibles es de más del doble.
Además, menos de la mitad de la población menor de 15 años recibe al menos un beneficio en efectivo por parte del Estado u organización sin fines de lucro, pues la protección social está principalmente dirigida a las poblaciones de mayor edad. El porcentaje de personas mayores de 65 años que reciben protección social (79.3%) es casi el doble que el de los niños y niñas menores de 15 años (42.3%).
El trabajo de Unicef desglosa que más de uno de cada 6 mujeres (18%) ha sido víctima de violencia sexual con contacto físico antes de cumplir 18 años. Al respecto, América Latina y el Caribe ocupan el tercer lugar a nivel mundial en prevalencia de violencia sexual en la niñez.
Agrega que más de 1 de cada 5 mujeres entre los 20 y 24 años se casó o unió antes de los 18 años de edad. Mientras que casi medio millón de niñas adolescentes entre 10 y 19 años viven en situación de desplazamiento interno en América Latina y el Caribe debido a los conflictos y la violencia.
Secuelas
La psiquiatra Alexandra Hichez explica el impacto que tiene un infante que presencia el feminicidio de su madre a manos de su progenitor.
“Lo primero que presentará es un trastorno de estrés postraumático, acompañándose casi siempre de un duelo complicado, todo esto sostenido sobre lo que es la pérdida total de sus progenitores”, indica.
De acuerdo con la especialista, el niño tiende a desarrollar relaciones conflictivas durante su desarrollo o un retraimiento total durante la aparición de sus rasgos característicos de personalidad.
Sobre las herramientas que posee el Estado para el abordaje de este flagelo social, Hichez manifiesta que la estructura ofrecida por las instituciones para la asistencia de estos huérfanos es relativamente limitada.
“Aunque en teoría debe de existir una intervención inmediata por diferentes departamentos y especialistas, no siempre se da ni se mantiene en el tiempo. Se hace una contabilidad de los niños de este resultado como dato estadístico; sin embargo, la intervención a través del tiempo no es garantizada”.
Los otros huérfanos
Liliana continúa viviendo con su abuela materna, en el batey San Miguel del Seibo, junto a los comunitarios que hicieron su vida más llevadera, pese a que la doctora Hichez afirma que, a nivel emocional, el ser humano no está preparado para la pérdida de un ser querido y mucho menos con las características que conlleva un feminicidio-suicidio.
Hay otra clase de huérfanos que no precisamente tienen al padre homicida bajo tierra, sino tras las rejas.
Según el informe «Análisis de sentencias dictadas por órganos judiciales de la República Dominicana en delitos de feminicidio, violación sexual e incesto (2020-2022)», presentado por la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, el 90 % de las personas en los casos llevados a Tribunales Colegiados de los Juzgados de Primera Instancia, entre el 2020 y el 2022, fueron condenadas.
Durante ese tiempo se registró que el 27 % de las personas imputadas fueron condenadas a 20 años de prisión; el 23 % a 15 años; el 19 % a 30 años; el 12% a 12 años y el 11 % a 10 años de prisión; siendo el porcentaje más ínfimo 8 % condenados a 5 años de prisión.
Cifras alarmantes
Un trabajo del Observatorio Político Dominicano (OPD) describe que los huérfanos por feminicidio se encuentran entre los grupos más invisibles de la nación.
Según los datos arrojados por la investigación del OPD, en 2021 al menos 104 niños, niñas, adolescentes y adultos perdieron a uno de sus padres por los feminicidios; otros 92 quedaron huérfanos durante el 2021.
De estos casos, el 73.9% de los hijos de las víctimas eran menores de edad al momento que ocurrió el homicidio mientras que en el 35% de los casos no se publicó información acerca de la cantidad de hijos de la víctima.
Según los datos arrojados por la investigación del OPD, de los 627 feminicidios que se registraron en el país en el periodo 2016-2022, en 174 casos los agresores se suicidaron y otros 42 lo intentaron una vez cometieron el hecho, representando los primeros 27.8 % y los segundos 6.7 %.
El estudio revela que el domingo fue el día con mayor cantidad de registros tanto de feminicidios como de suicidios con 34 casos, para un total de 68 personas muertas durante el período 2016-2022.
A este le continúa el viernes con 30 feminicidios y 27 suicidios, y el lunes con 28 feminicidios y 27 suicidios.
La investigación del OPD-Funglode también indica que los feminicidios-suicidios ocurrieron en Santo Domingo con 32 casos; Santiago con 21; La Altagracia con 12; La Vega con 10; San Cristóbal y el Distrito Nacional con nueve cada una; Monte Plata con ocho; San Juan de la Maguana con siete y Valverde con seis.
De acuerdo con este estudio, los niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de víctimas y victimarios en los feminicidios son uno de los grupos poblacionales más afectados por este tipo de problemáticas. “En los años estudiados, 313 personas perdieron a ambos padres a causa de los feminicidios-suicidios, de los cuales 136 eran hijos en común de las víctimas y los victimarios, y los 177 restantes eran hijos no comunes”, precisa Batista Polo.
Respecto a la edad, según este estudio, en el 69.5 % de los casos los victimarios eran mayor que sus víctimas y la diferencia de edad promedio se estima en 11 años respecto a la del victimario.
Tarea pendiente
La Ley 136-03 que establece el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, subraya la protección integral de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en territorio dominicano.
Además, regula el papel y la relación del Estado, la sociedad, las familias y los individuos, con los sujetos desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años de edad.
El Código estipula el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es el conjunto de instituciones, organismos y entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales que formulan, coordinan, integran, supervisan, ejecutan y evalúan las políticas públicas, programas y acciones a nivel nacional, regional y municipal para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Pese a los esfuerzos de las instituciones del Estado y las cifras recogidas por organismos nacionales e internacionales, los huérfanos por feminicidios siguen siendo materia pendiente e el país debido a las faltas de herramientas y la carencia de recursos económicos para darle seguimiento continuo a las personas del sector más vulnerables de la sociedad… los niños.
