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Santo Domingo. - Dirigentes políticos y religiosos coincidieron este viernes en que la sentencia del Tribunal Constitucional, que ratifica la absolución de Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón en el caso de los sobornos de Odebrecht, envía un mensaje claro al Ministerio Público sobre la necesidad de presentar expedientes acusatorios debidamente sustentados y con pruebas suficientes para sostenerse en los tribunales.
Diputados del Congreso Nacional indicaron que la ratificación de la sentencia SCJ-SS-24-0969 por parte del Tribunal Constitucional, que confirmó el fallo emitido en julio de 2024 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, no debe pasar desapercibida.
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El diputado Ramón Raposo afirmó que esta sentencia refleja que lejos de mediatizar los casos de corrupción, lo correcto es presentar expedientes debidamente sustentadas y citó como ejemplo que el caso Odebrecht, en la mayoría de los países de América Latina derivó en condenas y en la devolución de cuantiosas sumas de dinero.
“Al final, quien termina perdiendo es el sistema de justicia y el Ministerio Público, porque la gente deja de creer en las instituciones”, sentenció el legislador.
El dirigente político Elías Wessin Chávez criticó que en muchas ocasiones el Ministerio Público se limite a presentar un volumen excesivo de documentos con la intención de impresionar, sin que estos tengan verdadera sustancia probatoria.
“Muchas veces el Ministerio Público lo que hace es que busca muchos papeles y lleva en una carretilla muchísimos papeles para impresionar y eso. Pero lamentablemente los casos que hemos visto no tienen sustancia aprobatoria”, apuntó.
Luis Henríquez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), señaló es necesario construir una sociedad que no castigue ni emita juicios de valor a priori, y destacó que, a partir de esta sentencia, quedan planteadas importantes interrogantes para la sociedad dominicana.
“Nosotros no tenemos por qué poner en duda la sentencia de los tribunales correspondientes porque ese es el orden jurídico que tenemos y ese es el debido proceso. Creo que de esa sentencia quedan interrogantes. Nosotros queremos que podamos tener una república dominicana donde se respete la dignidad, donde se respete el debido proceso y donde aquí se promueva una cultura de honestidad y de transparencia entre los funcionarios”, puntualizó el político.
De su lado, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lacen Custodio , consideró que para muchos resulta difícil de comprender que, tras un proceso tan largo, investigado y mediático, el Tribunal Constitucional haya fallado a favor de los imputados. Lacen advirtió que procesos prolongados de esta naturaleza pueden dejar a las personas con su imagen pública manchada y su reputación en entredicho, además de los costos económicos y legales que implican, lo que incluso podría derivar en eventuales demandas contra el Estado dominicano.
“Esas personas podrían demandar al Estado Dominicano por haber sido enjuiciado y durar tantos años en los tribunales, que cuesta imagen pública e inversión jurídica”, dijo Lacen Custodio.
El Tribunal Constitucional ratificó la sentencia que declaró no culpables de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón. Ambos figuraban entre los 14 investigados por el caso de los más de 92 millones de dólares en sobornos que la compañía admitió haber pagado en la República Dominicana ante autoridades de Estados Unidos.
