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La frustrada propuesta de reforma fiscal, con la que el gobierno buscaba recaudar recursos para reducir la deuda y financiar proyectos en beneficio del país, también contemplaba recortes y la derogación de incentivos para algunos sectores, incluyendo la llamada economía naranja.
El cine, que desde la promulgación de su ley en 2010 ha generado un promedio de 200 millones de dólares anuales, sería uno de los sectores más afectados por el proyecto introducido por el Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional. Sin embargo, tras el rechazo generalizado de la población, el presidente Luis Abinader, en cumplimiento de sus principios democráticos, decidió retirar la propuesta semanas después.
Si bien el cine, el turismo y otras industrias ya no serán perjudicadas, aquellos que practican otras formas de arte y promueven la cultura se encuentran en un limbo. A pesar de que la Ley 340-19, que establece el régimen de incentivo y fomento del mecenazgo cultural en la República Dominicana, no fue derogada, su implementación ha sido imposible debido a la burocracia y las contradicciones entre las instituciones gubernamentales encargadas de aplicarla.
La cultura es una parte fundamental de la identidad de todo pueblo, y su fomento y promoción deben ser respaldados de manera efectiva por el Poder Ejecutivo.
