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Madrid.— La justicia española formalizó el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción, tras concluir la fase de instrucción del caso.
La decisión fue adoptada el pasado 13 de abril por el juez Juan Carlos Peinado, quien imputó a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La resolución acerca a la investigada a un eventual juicio oral y concede un plazo de cinco días a las partes para pronunciarse sobre la apertura de esta fase.
En el mismo expediente también fueron procesados la asesora gubernamental María Cristina Álvarez y el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés, quienes enfrentan acusaciones similares.
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El caso gira en torno a la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid, donde Gómez registró la marca y el dominio web. Según el expediente judicial, empresas privadas como Indra, Telefónica, Google y Reale Seguros aportaron más de 300.000 euros al proyecto. La universidad, por su parte, estimó un daño patrimonial de al menos 108.765 euros.
Las investigaciones apuntan a que Barrabés habría obtenido beneficios en licitaciones públicas tras recibir cartas de recomendación firmadas por Gómez. Asimismo, se indaga el rol de Álvarez, quien presuntamente utilizó el correo oficial del Palacio de la Moncloa para gestionar proyectos privados de la cátedra, con el objetivo de otorgar una “apariencia institucional” a las solicitudes dirigidas a inversores.
En su resolución, el magistrado calificó las conductas investigadas como “más propias de regímenes absolutistas”, subrayando la gravedad de los hechos atribuidos.
Por su parte, las defensas han solicitado el archivo inmediato del caso. El abogado de Gómez sostiene que los fondos nunca ingresaron a su patrimonio personal y que el registro de la marca se realizó por indicación de la universidad. En tanto, la representación legal de Álvarez afirma que su participación en gestiones privadas fue mínima y no interfirió con sus funciones públicas.
El procesamiento marca un nuevo capítulo en un caso de alto perfil político en España, que podría derivar en un juicio con implicaciones tanto judiciales como institucionales.
