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Sobre el tránsito y movilidad en Santo Domingo y en los principales centros urbanos del país, es mucho lo que se ha escrito, se ha discutido y se ha profundizado en el análisis.
Desde la promulgación de la ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, transito y seguridad vial del 24 de Febrero de 2017, se procuró la eliminación de la anticuada ley 241 de tránsito vehicular de 1967. Con la nueva ley se buscaba actualizar y brindar a todo el tema de trasporte un marco legal y regulatorio moderno, más adaptado a la actual realidad socio-económica que vive el país, articulando estrategias para lograr descensos en los accidentes de transito (la República Dominicana ocupa los primeros lugares en mayores muertes reportadas por accidentes de tránsito), y crear las bases para un sistema de transporte publico más seguro y organizado.
Con el devenir de los años, el marco normativo contenido en la referida ley no ha sido suficiente para contribuir con los objetivos de eficiencia esperados en la movilidad urbana e interurbana, pasando por la educación vial y por aspectos esenciales como la seguridad en nuestras calles, avenidas y carreteras; varios factores lo explican y lo comparto con ustedes.
En primer orden, la sobre congestión vehicular en nuestras vías, este factor incide y se desprende como una consecuencia directa del crecimiento económico que ha experimentado el país en los últimos tiempos. Este problema se acrecienta en el desarrollo urbano, las visibles debilidades estructurales en la aplicación de un adecuado plan de ordenamiento territorial en ciudades como el Distrito Nacional, Santiago y la provincia de Santo Domingo; el desbordado crecimiento en la densidad poblacional, ha contribuido, por consiguiente, a un aumento del parque vehicular tanto de unidades nuevas como usadas. Un ejemplo reiterado y que se replica en múltiples oportunidades, es el siguiente: Donde anteriormente había una casa con uno o dos vehículos, hoy se levanta una torre de veinte apartamentos con 40 vehículos promedio, sin que medidas alternas nos ayuden a liberar el flujo que hace colapsar las principales vías.
Como segundo elemento citamos la ausencia de educación vial, esta debilidad queda en evidencia en el recurrente manejo errático en una parte importante de los conductores en el sistema publico, así como en conductores privados.
La educación vial debe llegar a las escuelas, colegios, y liceos para lograr que nuestros niños y adolescentes comprendan y valoren la importancia de cada señalización, de porqué debemos ceder el paso, de la prudencia que hay que observar con la velocidad; crear conciencia en los más pequeños y lograr que esa influencia positiva escale hasta los mayores debe ser uno de los objetivos fundamentales para abordar el problema. Es hora de que asumamos este compromiso colectivo de respetar y hacer respetar las leyes de tránsito y movilidad.
Otro factor de alto impacto y sensibilidad es el referente a la seguridad vial. De acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en el período comprendido entre 2015 a 2020 el 40% de las muertes reportadas fueron como consecuencias de accidentes de tránsito, convirtiéndose en la principal causa de muertes en la República Dominicana.
En el mismo periodo, en cantidad, las muertes sobrepasaron las 10,700 “in situ”. (Las muertes “in situ” se le denominan a los eventos desafortunados que se producen en el tránsito, en las cuales las personas pierden la vida al instante o en el lugar del hecho).
Cabe destacar que entre los años de 2016 a 2018 se observó un descenso de este tipo de muertes; sin embargo, en el año 2019 estos registros se elevaron sustancialmente y totalizaron 2,100 personas. Para 2020, el comportamiento de los indicadores -con tendencia a la baja- estuvo relacionado a los efectos colaterales de la pandemia y la poca afluencia vehicular en una parte del año fruto de las restricciones de circulación; aún así, se contabilizaron 1,732 personas muertas en eventos de este tipo.
Los problemas relacionados a tapones, educación y seguridad vial están ampliamente identificados y discutidos; solo faltaría la conjunción de voluntades de las autoridades y la ciudadanía para lograr cambios de patrones conductuales, profundizar en una política preventiva de accidentes y en el establecimiento de mayor rigor en la aplicación de nuevas estrategias para mejorar la movilidad.
