Santo Domingo. – El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que tanto el Estado Dominicano como la Comunidad Internacional no están dando las respuestas necesarias frente a la creciente migración ilegal de nacionales haitianos a República Dominicana.
En una conversación con el equipo de De Último Minuto, Ulloa se refirió a los actos de corrupción que afectan la frontera, facilitando la entrada de migrantes haitianos al país. Explicó que la presencia de ciudadanos haitianos debe estar regulada por la ley, y recordó que el Código de Trabajo dominicano establece una proporción de 80-20, es decir, que el 80% de los trabajadores en una empresa debe ser dominicano. Sin embargo, ni el empresariado ni el gobierno están cumpliendo con esta normativa.
«Ni el sector empresarial ni el gubernamental quieren hacer cumplir el 80-20. En sectores como la construcción, la agricultura y ahora el turismo, debido al alto nivel de informalidad, son los primeros en buscar mano de obra extranjera. Por tanto, el pueblo dominicano no puede sentir que se está cumpliendo con la ley cuando es evidente la porosidad de la frontera, causada por el negocio y la corrupción», señaló Ulloa.
Asimismo, denunció que la Policía Nacional maneja sumas de dinero derivadas de las requisas migratorias, cobrando a partir de RD$5,000 pesos a los haitianos para liberarlos tras ser detenidos, lo cual no le corresponde a esa institución.
Ulloa también criticó la falta de transparencia en las cifras oficiales sobre la cantidad de haitianos en el país, señalando actos de corrupción en la emisión de permisos laborales y migratorios por parte del Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración. «Existen 14 puntos de chequeo desde Puerto Príncipe hasta aquí, y en territorio dominicano se han creado mecanismos para obtener permisos laborales y migratorios sin control adecuado», añadió.
Finalmente, destacó que el problema de Haití no es responsabilidad de República Dominicana. Sin embargo, la presión sobre sectores como salud y educación es evidente, lo que exige un diálogo nacional, ya que no se puede enfrentar una problemática actual con una agenda de hace 50 años.
Cárceles dominicanas: «Laboratorios del crimen»
En cuanto al sistema penitenciario, Ulloa abogó por un diálogo que incluya al Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía Nacional, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo. Subrayó la importancia de que el Ministerio Público solicite medidas de coerción coherentes con la gravedad del delito.
«No podemos permitir que personas que cometen delitos menores compartan espacio con criminales de alta peligrosidad», afirmó Ulloa, haciendo un llamado a enfrentar el crimen organizado que opera desde las cárceles.
Ulloa calificó las cárceles del país como «laboratorios y universidades del crimen», donde el narcotráfico y el sicariato controlan gran parte del sistema. También criticó la falta de voluntad política para aprobar el Código Penal, necesario para enfrentar los delitos modernos. «El país necesita un Código Penal actualizado para 2024 que esté a la altura de los delitos actuales, como el ciberdelito y el crimen organizado», puntualizó.
Un servidor público comprometido con los derechos en RD
Ulloa, quien se define como un «servidor público», ha centrado su gestión en acercar la Defensoría del Pueblo a los dominicanos y promover sus derechos. Actualmente, la institución impulsa la «Ruta de los Derechos», una iniciativa que busca, durante tres meses, recorrer todo el territorio nacional para reducir la cifra del 57% de ciudadanos que desconocen sus derechos.
«Nuestro enfoque inicial está en niños, niñas y adolescentes. Por eso, nuestra ‘Constitución animada’ fue el buque insignia con el que llegamos a familias y docentes a nivel nacional. Ahora, con la Ruta de los Derechos, estamos promoviendo los derechos y deberes fundamentales en toda la población», explicó Ulloa sobre los encuentros que se realizarán hasta diciembre.
Destacó que, por primera vez, la voz del Defensor del Pueblo está siendo escuchada por las autoridades gubernamentales, cerrando la brecha sobre el rol y la importancia de esta institución.
En República Dominicana, los derechos más vulnerados son el derecho a la salud, a la integridad física, a la justicia, al trabajo y a la igualdad. Para combatir estas vulneraciones, la Defensoría del Pueblo ha promovido encuentros como el Congreso Bienal por la Salud y Seguridad Social, realizado en junio de este año.
Ulloa enfatizó que no tiene aspiraciones más allá de su rol actual. «Mi compromiso es ser Defensor del Pueblo hasta 2027, y esa es mi realidad. No cambiaré de rumbo, porque eso desnaturalizaría la institución y no lograría los resultados que me he propuesto, los cuales ya avanzan en un 80%», concluyó.
