El reconocido abogado Francisco «Pancho» Álvarez instó públicamente al Poder Ejecutivo a comprometerse de no hacer uso de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) hasta que «se logre un consenso en su aplicación».
«Pancho» Álvarez resaltó la importancia de regular y controlar las actividades del DNI para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Subrayó que la transparencia en las operaciones del DNI es esencial y que cualquier evidencia recopilada por esta entidad debe cumplir con el debido proceso y «contar con la participación del Ministerio Público».
En ese sentido, enfatizó que no debe haber margen para interpretaciones ambiguas.
«En materia de derechos humanos no se deben dejar espacio a las interpretaciones», señaló Pancho.
Aludiendo al derecho de la intimidad, mencionó un conversatorio en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) donde anteriormente expresó su posición de resistir la «entrega de información sin autorización judicial previa», destacando que esta es la garantía fundamental para todos.
Al abordar la eliminación de la frase que requería autorización previa de un juez en la ley, Álvarez comentó que, «levanta muchísimas suspicacias».
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Advirtió sobre posibles motivos turbios y subrayó la importancia de mantener salvaguardas legales para proteger la privacidad y los derechos de los ciudadanos.
«Cuando uno dice con ley o sin ley se necesita autorización previa de un juez, entonces ¿por qué lo quitan? Bueno, eso de una vez levanta sospecha de que algo turbio está ocurriendo porque ¿por qué razón quitar esa frase tan sencilla? La verdad es que eso levanta muchísimas suspicacias», expresó Álvarez al ser entrevistado en el programa televisivo El Día.
Al referirse al mandato constitucional de la ley del DNI, Álvarez recordó que esta normativa es un requisito de la Constitución de 2010 y abogó por redactarla de manera más precisa y detallada para evitar interpretaciones erróneas.
El abogado resaltó que el revuelo causado por la promulgación de la Ley 1-24 ha servido para poner a prueba las alarmas que protegen los derechos fundamentales y abogó por un consenso antes de la implementación de dicha ley, enfatizando la importancia de redactarla de manera clara y precisa.
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