Redacción.– Participación Ciudadana rechazó este jueves, todo tipo de decisión en apoyo a la violación a las leyes, mucho más cuando las mismas sean para beneficio de los mismos que tienen potestad legal para crearlas y hacerlas cumplir.
Destacaron que lo primero que el país debe tener claro es que el monto aprobado para financiamiento de los partidos en el presupuesto del 2024 no es producto de un error u omisión de ninguna de las partes involucradas.
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Destacando que la realidad es que esa reducción, al igual que la que se aplica a otras doce instituciones o sectores, se ha venido produciendo año tras año, debido a que los ingresos del Estado no son suficientes para cumplir con todas las asignaciones que leyes especiales consignan para distintas instituciones.
Asimismo, manifestaron que todos los gobiernos de las últimas décadas, en acuerdo con el Congreso Nacional, han tomado esa decisión porque no han tenido la voluntad ni de hacer una reforma fiscal para elevar considerablemente las recaudaciones, ni tampoco para buscar el consenso necesario para reformar las leyes especiales que consignan porcentajes fijos del presupuesto.
Añadieron que en consecuencia, tal como lo ha hecho desde hace décadas en los presupuestos de cada año, el artículo 51 de la Ley No.80-23 que aprobó el presupuesto del 2024 establece: “Ajustes a recursos asignados por leyes especiales. Con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley núm. 423-06, se autoriza al Poder Ejecutivo, por excepción, a apropiar un monto inferior a los montos que corresponden, según los porcentajes que se especializan para fines distintos en las leyes que rigen a los entes y órganos siguientes”.
Entre las que reciben recortes presupuestarios, no solo está la JCE, incluyendo las asignaciones a los partidos, sino también instituciones tan necesitadas de recursos como el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, los ayuntamientos, la UASD, la Cámara de Cuentas, entre un total de trece.
Agregaron que aunque deben aspirar a corregir irregularidades como ésta, al menos deben admitir que es un recurso transparente y aceptado por todas las partes, cosa que no pasa con la decisión que acaba de tomar el Gobierno para complacer a los partidos políticos.
