Santo Domingo. – La Policía Nacional informó que dispuso la investigación en torno al incidente ocurrido en el Centro de Retención Vehicular El Coco, popularmente conocido como el Canódromo, donde agredieron al Defensor del Pueblo y miembros de la prensa por parte del personal de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
Mediante un comunicado, la uniformada anunció que iniciarán de inmediato las indagatorias sobre lo ocurrido durante la visita al centro del titular de la Defensoría, Pablo Ulloa, periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos, donde se disponía a realizar una inspección de los vehículos que allí se encuentran.
Esta disposición de la institución del orden, esta basada en el memorándum 12320, que explica ofrecerá los resultados de la investigación a la brevedad posible.
En ese sentido, indicó que tiene un compromiso absoluto con el respeto a la Constitución de la República, las leyes, en especial las que garantizan la libertad del ejercicio periodístico.
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Asimismo, destacó que el comportamiento del personal de servicio y los hechos registrados en el Canódromo El Coco, con el el Defensor del Pueblo y su equipo, así como representantes de medios de comunicación, quienes solicitaron el ingreso en labor de inspección, no obedecen a las directrices de esta Dirección General.
Además, puntualizó que los organismos de control interno de la institución, específicamente Inspectoría General y Asuntos Internos, asumieron todo un proceso investigativo claro y transparente desde el pasado lunes 11 de abril, para dar respuesta a ese proceder; y en particular a la retención de equipos tecnológicos de prensa, denunciados como manipulados por sus dueños.
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Al Defensor del Pueblo y la prensa
De su lado, el director de la Policía, Eduardo Alberto Then, garantizo se tomarán las medidas correspondientes; tanto disciplinarias como legales, que pudieran ser recomendadas como parte del proceso investigativo.
La Policía Nacional manifestó solidaridad con los sectores afectados; advirtió a quienes integran la institución que su actuación tiene que ser siempre dentro del respeto de las normativas y a los derechos humanos.
