San Salvador. – Familiares de principalmente mujeres presentaron este miércoles ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador 15 habeas corpus en los que pidieron la libertad de los detenidos bajo el régimen de excepción dictado a finales de marzo.
Se trata de personas provenientes de diversos puntos del país, quienes fueron acompañadas por abogados de la organización humanitaria Tutela Legal «María Julia Hernández».
El abogado de la organización Alejandro Díaz, señaló que las detenciones se dieron sin orden y, en algunos casos, bajo engaños.
«Ellas manifiestan que no son miembros de pandillas, sino que eran personas que trabajaban y el procedimiento ha sido ilegal», indicó a periodistas.
Estos hábeas corpus, que con lo que suman más de 60 los acompañados por Tutela Legal, son «el último recurso que, de acuerdo a la Constitución, les queda a los familiares», indicó Díaz.
Asimismo, sostuvo que este debería ser un «recurso expedito» en la Corte Suprema y agregó que la referida Sala debe investigar la situación y, «si hay ilegalidad, ponerlos en libertad».
Clarisa Iraheta presentó el recurso por dos de sus hermanos y su esposo, además relató que uno de sus hermanos padece una enfermedad crónica y «no está teniendo sus medicamentos».
«Son muchas personas las que están detenidas y son inocentes. Estamos preocupados porque mis hermanos ya tienen dos meses, mi esposo casi igual y no sabemos nada», dijo a periodistas.
También, relató que a sus hermanos los capturaron el 24 de abril «cuando venían de un partido de fútbol» y a su esposo el 6 de mayo cuando iba a solicitar unos documentos.
Sus hermanos Robert y Pablo Iraheta Martínez y su esposo es Abel Parada Díaz.
Ivania Melara también pidió a los jueces constitucionalistas la libertad de su hermano Daniel Melara, quien tiene dos meses bajo arresto y de quien no tienen mayor información.
«Sabemos que si nosotros los dejamos a su suerte es como que los estuviéramos condenando antes de tiempo», dijo a los medios y agregó que siguen «tratando de demostrar su inocencia».
Dijo que su hermano fue arrestado mientras dormía y que con estos familiares detenidos «es como que ya no existen» porque no saben nada. También dijo que quieren que «respeten sus derechos básicos».
El régimen de excepción se adoptó después de que el último fin de semana de marzo una ola de asesinatos se cobrara la vida de 87 personas y se atribuyó a las pandillas.
Una investigación del medio salvadoreño El Faro señala que esta escalada de asesinatos se dio tras la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y estas bandas, sin que el presidente Nayib Bukele o las autoridades hayan respondido a esta acusación. Son más de 43.000 las personas detenidas bajo este régimen, que suspende garantías constitucionales, y las organizaciones de derechos humanos han registrado más de 3.000 denuncias de atropellos, principalmente por «detenciones arbitrarias».
