Santo Domingo.- El Ministerio Público presentó este martes acusación contra 11 personas físicas y dos jurídicas vinculadas a una red que supuestamente estafó a más de 500 personas mediante falsos proyectos inmobiliarios, utilizando diversas maniobras fraudulentas para engañar a las víctimas y que fue desmantelada a través de la operación Nido.
El expediente, presentado ante la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, señala como acusados a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera y las empresas Indisarq y CRD Equipos Pesados.
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Asimismo, sumaron a los nuevos imputados Erick Joan Dorrejo Medina, Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson, afirmó el Ministerio Público en un comunicado.
La acusación fue presentada por la directora general de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, junto a los fiscales Andrés Octavio Mena y Surelis Jáquez, quienes lideraron la investigación y preparación del caso.
El expediente será asignado por sorteo aleatorio computarizado a un tribunal que conocerá la audiencia preliminar.
Los imputados enfrentan cargos por haber cometido supuestamente los ilícitos de estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano.
La investigación arrojó que la «red criminal» utilizaba las empresas Indisarq y CRD Equipos Pesados como instrumentos para ejecutar los fraudes, ofertando propiedades inexistentes en supuestos proyectos inmobiliarios.
Además, se constató que estas empresas no cumplieron con sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que constituye defraudación tributaria.
De acuerdo con la acusación, el monto aproximado de la estafa a las víctimas ocasionada por los acusados, asciende a un monto superior de 235 millones de pesos y más de 10 millones de dólares, dinero que debe ser resarcido en favor de las víctimas del presente proceso.
Durante la etapa preparatoria, el Ministerio Público logró incautar bienes muebles e inmuebles que fueron adquiridos con los fondos de las víctimas, tales como casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada, además de detectarse que esos recursos fueron utilizados para cubrir gastos personales de los acusados.
La presunta red fue desmantelada tras 25 allanamientos en las provincias de San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se incautaron múltiples propiedades y bienes pertenecientes a los acusados, quienes, según el expediente, llevaban un estilo de vida lujoso financiado con los fondos obtenidos de las víctimas.
Entre las pruebas recolectadas, el Ministerio Público indicó que Emmanuel Rivera Ledesma, señalado como cabecilla de la red, utilizaba el nombre de figuras públicas conocidas para ganar la confianza de las víctimas, sin ningún vínculo real con dichas personalidades.
Asimismo, que tras el inicio de las investigaciones, intentó disuadir a las víctimas de presentar o mantener las querellas en su contra, firmando nuevos contratos fraudulentos con el objetivo de evitar enfrentar cargos legales y obstruir el proceso judicial.
