SANTO DOMINGO. – José Ángel Gómez Canaán, Jochy Gómez, es hijo del periodista Guillermo Gómez, reconocido por conducir el programa de televisión “Aeromundo”.
Jochy Gómez, quien en el pasado reciente fue señalado de complicidad en el supuesto fraude realizado contra el expresidente Leonel Fernández por hackeo, salió a relucir este lunes tras ser mencionado en la investigación hecha por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sobre Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, cuya licitación fue realizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
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De acuerdo a Compras y Contrataciones, en este proceso, fue encontrada dentro de la documentación societaria de la empresa adjudicataria Transcore Latam, SRL, un acta de gerencia fechada en julio de 2023, mediante la cual se incluyó como fiador solidario e invisible a la empresa Dekolor, SRL., en una facilidad crediticia tomada por Transcore Latam, con una entidad financiera, por el monto de RD$120 millones, como la gestionada para el proceso de contratación en cuestión.
Dekolor está relacionada a Jochy Gómez y su empresa OML Inversiones, con quien ha compartido acciones junto a los extranjeros Sandra Oruña y Rogelio Oruña.
Como se ha mencionado, Jochy Gómez fue acusado por el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, como cómplice en el supuesto fraude cometido en los equipos de voto automatizado utilizados en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la que Gonzalo Castillo fue declarado ganador por encima de Leonel Fernández.
El empresario fue detenido en julio de 2012 acusado de espionaje electrónico y de hackear al menos 44 cuentas de correos electrónicos de políticos, funcionarios y empresarios del país.
Luego, en julio del mismo año, Jochy Gómez fue apresado por el presunto vínculo a robo de identidad y acceso ilícito a cuentas de correos electrónicos en perjuicio de distintas personalidades.
En esa ocasión le fueron dictados tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a ser cumplidos en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal.
Fue dejado en libertad bajo fianza un mes después.
Luego de un año, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción de Distrito Nacional decidió extinguir la acción penal contra el imputado, debido al retiro de 23 supuestas víctimas, así como la falta de calidad de uno de los querellantes.
CASO VA AL MINISTERIO PÚBLICO
Durante una rueda de prensa celebrada ayer, Carlos Pimentel también indicó que se decidió remitir el caso al Ministerio Público luego de haber suspendido temporalmente el contrato y analizado dos denuncias contra la licitación.
Pimentel explicó que, tras haber analizado los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento, se constató la existencia de elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio.
Por: Luis Eduardo Montero
