Santo Domingo. – La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso la variación de la medida de coerción al exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el alegado caso de corrupción Medusa.
En ese sentido, los jueces Luis Jiménez, Rosalba Garib y Delio Germán ordenaron que el imputado pueda ir a dos días a la semana a su oficina de abogados, al destacar que podrá laboral los miércoles y jueves, en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
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No obstante, puntualizaron, que una vez concluya el permiso el exfuncionario será escoltado hasta su residencia por un personal del Ministerio Público.
Sigue bajo arresto domiciliario y con grilletes electrónicos, para que acuda a su bufete de abogados y pueda trabajar.
«En la tarde de hoy, como hemos visto, el tribunal acogió parcialmente el pedimento de la defensa de Jean Alain Rodríguez, atribuyendo rango constitucional a lo que efectivamente es el derecho al trabajo; sin embargo, para el Ministerio Público surge la pregunta: ¿entonces, si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, esto querría decir que todos los ciudadanos que también están sometidos a un proceso judicial, deberían tener los mismos derechos?», dijo la procuradora de corte, Mirna Ortiz, en una nota.
MP
La representante del Ministerio Público añadió que, «aunque somos respetuosos de las decisiones de los tribunales, este derecho no se tutela de igual forma para otros imputados, así es que seguimos viendo los privilegios a los que están sometidos estos imputados cuando se trata de estos grandes procesos, y nos pareciera que el derecho entonces no se aplica igual a todos los ciudadanos. Somos respetuosos de las decisiones de los tribunales y ya analizaremos los próximos pasos»ó.
El magistrado Luis Jiménez, presidente de la sala, resaltó que la autorización en favor de Rodríguez Sánchez debe ser los días miércoles y jueves y que solo se le permitirá ir a su oficina privada de abogados.
Además de Jiménez, el tribunal estuvo compuesto por Rosalba Garib y Delio Germán.
Junto a Ortiz, también representaron al Ministerio Público el procurador adjunto titular Pepca, Wilson Camacho, y el fiscal litigante Emmanuel Ramírez.
En el expediente de la operación Medusa el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.