El Ejecutivo de Venezuela recordó este martes el 35 aniversario del estallido social conocido como el ‘Caracazo‘, y lo reivindicó como la «primera rebelión» contra las políticas «neoliberales» que, aseguró, fueron instaladas entonces por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de turno.
«Se cumplen 35 años de ‘el Caracazo’, una rebelión popular inédita, protagonizada por el bravo pueblo venezolano que se levantó por miles en protesta contra la falsa democracia que lo había sumido en la miseria y la desesperanza», dijo el presidente Nicolás Maduro en un mensaje publicado en su cuenta en X.
Por su parte, el canciller Yván Gil aseguró que se trata de un «doloroso recuerdo» por las «vidas perdidas debido a la represión», pero también de una fecha que marcó «un punto de inflexión en la historia» de Venezuela.
«En este 27 de febrero, rendimos homenaje a todas las víctimas de 1989 y celebramos el fin de la era oscura del neoliberalismo en Venezuela. Esta fecha nos insta a continuar la lucha por un futuro basado en la dignidad, igualdad y felicidad para todos los venezolanos», dijo también en X.
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Al respecto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, emitió un comunicado en el que reivindicó este estallido social que, a su juicio, «despertó» la conciencia de los venezolanos para la «impostergable necesidad de una transformación política radical».
Se trató, dijo, de «un maremágnum social que representó el repudio más contundente al neoliberalismo y a las fórmulas neocoloniales que condenaban al pueblo venezolano al hambre, la pobreza y la exclusión».
El 27 de febrero de 1989, las protestas de miles de ciudadanos en Caracas y otras zonas cercanas por el aumento de la gasolina y de las tarifas del transporte público desembocaron en el mayor estallido social de Venezuela, donde, siete lustros después, no hay nadie preso por las 276 muertes registradas entonces.
El activista Enrique Ochoa Antich dijo que aunque el más alto tribunal de Venezuela admitió que por estos hechos «hubo un retardo aberrante y una denegación de justicia injustificable», y pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado investigar y sancionar a los responsables, nadie fue a prisión por el caso.
