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Santo Domingo. - El procurador adjunto Wilson Camacho reafirmó este viernes que la Operación Antipulpo arroja una acusación "blindada", al destacar que durante la audiencia preliminar los fiscales han aportado más de 3,000 pruebas en contra de los procesados por presuntamente sustraer miles de millones de pesos a todos contribuyentes.
"Hemos demostrado, no con argumentos, nosotros hemos demostrado con evidencias, que Operación Antipulpo es una acusación blindada y las defensas han venido con carabinas vacías y, por vía de consecuencia, habrá de suceder lo que nosotros hemos predicho, que este caso debe recibir auto de apertura a juicio para todos aquellos acusados que no han llegado acuerdos", expuso el magistrado.
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El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, aplazó hoy la audiencia preliminar del caso Antipulpo para el próximo lunes a partir de las 9:00 de la mañana.
Con relación a los acusados que han llegado a acuerdos con el Ministerio Púbico, dijo que debe resolverse ese tema en esta audiencia y que debe dictarse sentencia condenatoria con relación a los abreviados y suspensión condicional del procedimiento con relación a las personas que se acogieron a este tipo de soluciones.
3,000 pruebas en el Antipulpo
Resaltó que en el caso de las más de 3,000 pruebas presentadas todas las defensas tienen que admitir que son suficientes; y que se obtuvieron respetando los derechos fundamentales de los procesados.
"Y los casos se ganan con pruebas. Este caso tiene pruebas más que suficientes, no solo para ir a juicio, sino para en juicio tener una sentencia condenatoria", añadió.
El proceso por presunta corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda; así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Otros
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation; Domedical Supply, Fuel América, Dominicana, y Globus Electrical, entre otras.
Sobre Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (períodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
La acusación asegura que Medina Sánchez se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras; bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que presuntamente incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública; así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
En el transcurso del proceso cuatro imputados de este caso realizaron acuerdos con el Ministerio Público; lo cual permitirá al Estado recuperar más de 200 millones de pesos en bienes.
