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La Haya.- El expresidente colombiano Andrés Pastrana presentó este viernes un informe jurídico en nombre de una treintena de antiguos mandatarios iberoamericanos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar «violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos», incluidos «los crímenes de lesa humanidad», del régimen venezolano de Nicolás Maduro, y pidieron que actúe «con urgencia».
Los firmantes aseguraron ante la fiscalía que «los hechos previos y posteriores a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela» son una «práctica de «terrorismo de Estado», según informaron en un comunicado, los denunciantes, entre los que también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa.
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Y en este sentido, señalaron que «los crímenes de lesa humanidad que se han ejecutado y siguen ejecutando en línea de continuidad, incluyendo la reciente orden de aprehensión contra el verdadero presidente electo, Edmundo González Urrutia, son la obra de una estructura militar operacional cuya cadena de mando ejerce directamente Nicolás Maduro Moros».
Presentado por Pastrana, el informe jurídico contra el presidente de Venezuela está respaldado por 31 miembros de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), un foro integrado por ex Jefes de Estado y de Gobierno, precisó esta organización.
Los exmandatarios le piden a la Fiscalía de la CPI que «tome conciencia de la responsabilidad que tiene el presidente Maduro en todos los actos criminales que se están cometiendo», explicó a EFE el abogado penalista español Blas Jesús Imbroda, quien acompañó a Pastrana a la entrega del informe jurídico, junto al exembajador venezolano Víctor Rodríguez Cedeño, negociador del Estatuto de Roma de la CPI.
En seis páginas, el informe explica jurídicamente que «Maduro es el comandante en jefe, es la cabeza, la cúspide del poder, ya que además de ser presidente del Gobierno es el comandante en jefe. Ahí funciona lo que se llama el Comando Estratégico Operacional, que manda él y es el que lleva a cabo la política de terror de Estado en Venezuela», señaló Imbroda.
Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del Ejército venezolano por ser el soporte fundamental del régimen de Maduro, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI.
«Ese régimen militar ahora imperante y sustitutivo de la república civil es el verdadero dueño de los poderes del Estado y de las riquezas económicas, y el responsable, como dictadura militar represora y terrorista, de los crímenes investigados por la Corte, recreándose en Venezuela la experiencia trágica de las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano», afirmaron los exmandatarios.
En noviembre de 2021, la fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014.
La oficina de la fiscalía, que no quiso hacer comentarios para salvaguardar la «confidencialidad» del procedimiento, dijo en agosto que está «monitoreando activamente» la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales que se celebraron en julio, que el presidente Nicolás Maduro asegura haber ganado y que no ha reconocido parte de la comunidad internacional por no haber podido ver las actas.
En una nota distribuida entonces a los medios, la Fiscalía aseguró que ha recibido «múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias tras las elecciones» e invitó a cualquier «individuo y organización» que pueda tener «información que pueda ser relevante» para la investigación en curso a que la presente.
Además, el fiscal Karim Khan señaló que su departamento «ha entablado diálogo con el Gobierno de Venezuela al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar que se respete el estado de derecho en el momento actual y enfatizar que todas las personas deben estar protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma».
La investigación abierta en la CPI se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.
