English
Santo Domingo.- La reciente resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP), que ordena a los empleados públicos presentar las facturas de los servicios de agua y electricidad en las instituciones donde laboran, ha generado un intenso debate en el ámbito legal. Mientras algunos abogados defienden la medida, otros la critican como una intromisión en la vida privada de los ciudadanos.
El abogado Fausto Montes de Oca expresó su preocupación, señalando que la resolución constituye una violación de los derechos constitucionales y una intrusión innecesaria en los hogares de los empleados públicos.
Te podría interesar: MAP anuncia empleados públicos tendrán que reportar pago de agua y luz
"Esto es una intromisión que viola los derechos constitucionales de los dominicanos. El Estado no tiene por qué interferir en una relación contractual privada entre el ciudadano y las instituciones que prestan estos servicios", señaló Montes de Oca.
También criticó que muchos empleados públicos viven en viviendas alquiladas o anexas donde las facturas no están a su nombre, lo que complicaría el cumplimiento de la normativa. "El Estado no debe meterse en la vida privada de los ciudadanos", concluyó.
Por otro lado, abogados como Ricardo Alcántara Méndez y Eduardo Tavárez defendieron la resolución, argumentando que no es inconstitucional ni ilegal. Alcántara destacó que la medida ayuda a mantener el control y la sostenibilidad de las empresas públicas, mientras que Tavárez consideró que los servidores públicos tienen el deber de cooperar con el buen funcionamiento del Estado.
Estos últimos coincidieron en que la exigencia de presentar facturas es un mecanismo para fomentar la ética y el cumplimiento de los empleados públicos.
