English
La sociedad comercial GB Group, S.A.S. depositó este viernes una segunda querella con constitución en actor civil contra Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido como “El Detective”, por supuesta reiteración de los delitos de difamación e injuria, tras una nueva serie de ataques difamatorios mientras se encontraba en un proceso de negociación judicial.
Según la querella, Martínez aprovechó el reciente apagón provocado por el colapso del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) para difundir videos en redes sociales en los que acusaba al empresario Gilbert Bigio de terrorismo y sabotaje a la seguridad nacional, sin presentar pruebas que sustenten dichas afirmaciones.
Te puede interesar... Gremios de enfermería exigen al Gobierno cumplir acuerdos y reponer a las desvinculadas
La acción legal califica la conducta del imputado como un acto de temeridad manifiesta y mala fe procesal. De acuerdo con la instancia, Martínez asistió a vistas de conciliación los días 16 de octubre y 6 de noviembre, simulando intención de acuerdo, pero durante ese tiempo habría intensificado su campaña de descrédito, llegando a afirmar que los querellantes buscaban su eliminación física.
El documento señala que esta reiteración delictiva agrava su situación procesal y aumenta el riesgo de que el Ministerio Público solicite prisión preventiva para impedir la continuación de los delitos, lo que podría implicar que Martínez pase las festividades navideñas detenido.
Se recuerda que su anterior abogado, Carlos Mesa, renunció a la defensa debido a la imposibilidad de controlar las declaraciones públicas de Martínez, quien continúa utilizando YouTube y Facebook para proferir insultos y acusaciones sin sustento, afectando la seguridad jurídica y la inversión extranjera.
La querella se fundamenta en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y destaca que, a diferencia del primer proceso, la reiteración de los hechos podría permitir a las autoridades judiciales aplicar medidas más severas para garantizar el cese de los ilícitos.
