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Lima,.- La Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (JUDECAP) expresó este lunes su profunda preocupación por recientes fallos del Tribunal Constitucional que respaldaron una norma que limita la persecución penal en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
La JUDECAP manifestó, en un comunicado, su coincidencia con los magistrados que emitieron votos singulares y destacaron que el derecho internacional penal reconoce la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad desde mediados del siglo XX por tratarse de normas imperativas del derecho internacional.
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En tal sentido, rechazó cualquier interpretación que reduzca la capacidad del Estado para investigar hechos que "constituyen graves violaciones de derechos humanos cometidas antes de 2002", pues ello afecta obligaciones internacionales y el derecho de las víctimas a la justicia.
Como representantes de los Colegios de Abogados en el Perú, tomaron nota de la exhortación formulada al Congreso para que adecue el Código Penal a los estándares internacionales en la tipificación de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, al considerarla "una tarea urgente" para evitar vacíos normativos que generen impunidad.
De igual manera, instaron al Estado peruano a garantizar que los procesos penales en trámite se desarrollen bajo estándares de debido proceso, independencia judicial y plazos razonables, asegurando el pleno respeto de los derechos de todas las partes involucradas.
Hasta antes de la norma que limita la investigación de los abusos a los derechos humanos hasta 2002, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue procesado y sentenciado a 25 años de cárcel por dos sonadas matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina en los años del conflicto armado interno (1980-2000).
En la actualidad, un número indeterminado de militares y policías son investigados por crímenes de lesa humanidad cometidos hace varias décadas en el mismo periodo, y algunos de esos juicios han seguido adelante por la determinación de los magistrados, a pesar de la ley aprobada por el Congreso para limitar la investigación de estos casos.
