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Lima.- El Ministerio de Energía y Minas de Perú declaró este lunes en emergencia el suministro de gas para poder ejecutar "con la mayor celeridad, los trabajos técnicos necesarios", después de que este domingo se produjera una fuga y deflagración en el yacimiento de Camisea, en la región de Cusco, en el sur del país.
La fuga y combustión de gas natural fue informada el domingo por el ministerio, que aseguró que se activaron de inmediato los protocolos establecidos en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y anticipó que este lunes se emitiría la declaratoria de emergencia, comprendida del 1 al 14 de marzo.
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Además, el ministerio dispuso la activación del mecanismo de racionamiento para la asignación del volumen de gas natural al mercado interno.
En la resolución, se dispone que el volumen disponible de gas natural en las tuberías se asigne prioritariamente al suministro en hogares y comercios y establecimientos que abastecen a medios de transporte público, "con el fin de prevenir desabastecimientos y preservar la estabilidad del sistema mientras se ejecutan las acciones correctivas correspondientes".
La empresa distribuidora Calidda señaló en un comunicado que se ha restringido la venta de gas para vehículos particulares en Lima, lo que ha provocado largas filas de coches en gasolineras en la capital durante la jornada.
"Se ha establecido un mecanismo de racionamiento para el despacho de gas natural, priorizando solo el suministro a los consumidores residenciales y comerciales, así como el transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible de uso es el GNV", precisó la compañía.
Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) expresó este lunes que supervisa que la asignación y distribución del gas natural disponible se efectúe conforme a los criterios establecidos por el ministerio y monitorea el mecanismo de racionamiento.
"Osinergmin también ha verificado que las centrales termoeléctricas que operan con gas natural en Camisea han sido reemplazadas temporalmente por centrales de respaldo que operan con diésel, medida que permite preservar la continuidad del servicio eléctrico a nivel nacional", agregó el organismo.
La Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Energía y Minas fortalecer de inmediato la articulación con el sector salud y con las autoridades locales, regionales y nacionales para poder garantizar la vida e integridad de las personas y la protección del medio ambiente, y también asegurar la continuidad del abastecimiento energético.
También instó a Osinergmin a realizar con urgencia las acciones de fiscalización de su competencia, incluyendo la verificación del cumplimiento de los protocolos de seguridad y la determinación de las causas de la deflagración.
"Resulta indispensable una supervisión integral de las condiciones de seguridad de la infraestructura para prevenir riesgos que afecten a las comunidades, evitar daños personales y mitigar impactos ambientales, adoptando medidas inmediatas que impidan hechos similares", señaló.
