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El Ministerio Público inició este viernes la fase de réplica en la audiencia preliminar del proceso por el presunto desfalco de más de RD$19,000 millones en perjuicio del Estado, asegurando que ha logrado desmontar con pruebas contundentes los argumentos presentados por las defensas de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, entre otros imputados.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que durante la jornada el órgano acusador presentó elementos probatorios que contradicen los planteamientos expuestos por los abogados defensores.
“Con pruebas fehacientes, propias del proceso, hemos ido derrumbando uno por uno cada uno de sus argumentos”, expresó Ortiz a su salida del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se conoce el expediente.
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La magistrada afirmó que el Ministerio Público ha logrado evidenciar inconsistencias en los planteamientos de la defensa, señalando que, a su juicio, se han utilizado datos aislados con la intención de desacreditar la acusación tanto en el tribunal como ante la opinión pública.
Durante su intervención ante la jueza Altagracia Ramírez, Ortiz solicitó el rechazo de los incidentes orientados a excluir pruebas que, según explicó, fueron obtenidas conforme a la ley. También cuestionó el uso que las defensas han hecho de los metadatos, calificándolo como incorrecto y tendente a confundir.
El proceso forma parte de la Operación Calamar, puesta en marcha en 2023, mediante la cual el Ministerio Público desarticuló una presunta red que habría desviado fondos públicos a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos destinados, según la acusación, al financiamiento de la campaña electoral de 2020.
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En el expediente figuran 46 personas físicas y jurídicas acusadas de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, entre otros cargos.
La audiencia fue aplazada para el miércoles 18 de febrero a las 9:00 de la mañana.
