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Santo Domingo.– La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, aseguró este jueves que la acusación presentada en su contra carece de sustento probatorio y no ha podido sostenerse frente a los argumentos y evidencias presentadas durante el proceso.
El equipo legal informó que dará respuesta a la réplica del Ministerio Público, al tiempo que sostuvo que el órgano acusador no logró rebatir aspectos esenciales de su defensa. Según explicaron, varias de sus líneas centrales no fueron contestadas, entre ellas la supuesta inexistencia de un entramado vinculado a casinos y juegos de azar, así como la trazabilidad y legalidad del patrimonio del imputado.
“Ese silencio evidencia la solidez de nuestra posición”, indicaron los abogados.
En ese contexto, adelantaron que concentrarán su respuesta en los puntos abordados por el Ministerio Público, los cuales afirman fueron planteados de manera superficial y sin sustento suficiente. Entre estos, mencionaron la invalidez de informes de la denominada Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, la presunta extinción de la acción penal tras más de cinco años sin decisión definitiva, la prescripción de varios tipos penales y la inadmisibilidad de cientos de medios probatorios.
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Asimismo, reiteraron que dichos informes habrían sido elaborados al margen de la ley y sin garantizar el derecho de defensa, pese a ser utilizados como pieza clave de la acusación.
El equipo legal sostuvo que el proceso ha evidenciado una debilidad estructural en la acusación, al señalar que la narrativa presentada por el Ministerio Público no ha podido sostenerse frente a la evidencia documental incorporada al expediente.
En ese sentido, recordaron que los hechos imputados corresponden a obligaciones legales del Estado, incluyendo pagos por expropiaciones respaldadas por sentencias judiciales y operaciones interinstitucionales registradas como reducción de deuda pública.
Finalmente, la defensa afirmó que no hubo pérdida de fondos, ni beneficio personal, ni perjuicio económico para el Estado, y que el patrimonio de su defendido es lícito y verificable.
“La narrativa que el Ministerio Público fabricó y luego transformó en acusación no ha podido sostenerse frente a la verdad ni frente a las pruebas”, expresaron, al concluir que “en justicia penal, cuando la prueba contradice la acusación, la acusación se cae”.
