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San Cristóbal.– El Instituto Preparatorio de Menores (IPREME), referente histórico en la rehabilitación de adolescentes en conflicto con la ley desde 1956, atraviesa una de las etapas más críticas de su existencia debido a la falta de financiamiento estatal, situación que amenaza la continuidad de su labor formativa.
La crisis surge en medio del proceso de transición administrativa hacia el Ministerio de Justicia de la República Dominicana, lo que ha provocado la suspensión de los fondos que tradicionalmente recibía de la Procuraduría General de la República Dominicana. Este vacío presupuestario ha obligado a la institución a sostenerse mediante aportes extraordinarios y campañas de emergencia.
Entre las entidades que han brindado apoyo figuran la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y el obispo de Baní, Faustino Burgos. Sin embargo, la dirección del centro advierte que estas contribuciones no pueden sustituir la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos fundamentales de los menores bajo su tutela.
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A pesar de las reuniones sostenidas con el ministro Antoliano Peralta, el convenio legal que permitiría asegurar la estabilidad operativa del IPREME aún no ha sido firmado, prolongando la incertidumbre institucional.
El director general del centro, José Gerardo Agreda Contreras, hizo un llamado urgente a las autoridades para agilizar los procesos administrativos. “Nuestra obra se hace con las manos y el corazón, pero requiere del respaldo legal y financiero del Estado para no detenerse”, expresó, al tiempo que señaló que únicamente los fondos destinados al área educativa continúan fluyendo con normalidad.
El IPREME, fundado el 14 de mayo de 1956 y gestionado por los Religiosos Terciarios Capuchinos —conocidos como amigonianos—, ha sido un modelo pionero basado en la pedagogía del amor impulsada por el educador español Luis Amigó. Su enfoque prioriza la reinserción social mediante la formación técnica, el acompañamiento psicológico y espiritual, alejándose del modelo punitivo tradicional.
Ubicado en la avenida Luperón #31 de San Cristóbal, el centro ha funcionado durante décadas como un espacio de integración comunitaria, donde talleres de carpintería, mecánica y panadería han servido tanto para la formación de los jóvenes como para ofrecer servicios a la población.
Históricamente, el instituto ha operado bajo un esquema de cogestión entre el Estado —responsable del financiamiento— y la Iglesia, encargada de la formación y dirección pedagógica. Este modelo ha permitido que miles de jóvenes se reintegren a la sociedad como ciudadanos productivos.
No obstante, la falta de un marco jurídico actualizado y de recursos económicos amenaza con interrumpir una labor de más de siete décadas, incluso tras haber superado momentos críticos de la historia nacional como la caída del régimen de Trujillo en 1961 y la Revolución de 1965.
La dirección del IPREME advierte que, de no resolverse la situación a corto plazo, se estaría comprometiendo el derecho a la protección integral de los adolescentes, poniendo en riesgo uno de los programas de reinserción social más emblemáticos del país.
