Bolívar Ventura Rodríguez no es un ingeniero más: ha tenido participación en la construcción de obras del Estado desde las primeras gestiones de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en especial el primer periodo del expresidente Leonel Fernández (1996-2000).
Bajo la administración del entonces director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Félix Bautista, logró la asignación de obras a través de las empresas RMN y Diseño y Presupuesto de Edificaciones y Carreteras con Alta Tecnología (DIPRECALT).
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Tal es el caso de la carretera Matayaya-Pedro Santana, en la provincia Elías Piña, por un monto superior a los 137 millones de pesos, donde obtuvo la terminación de la misma.
Mientras que, en el año 2009 DIPRECALT empresa de su propiedad, estuvo a cargo de la elevación de la carretera Barahona-San Juan, objeto de investigación tras la denuncia del uso de terrenos sin consentimiento de los propietarios, así como también la ejecución de obras en Haití.
Su nombre sonó en el caso de corrupción Anti-pulpo que involucra al hermano del ex presidente Danilo Medina, tras devolver de manera voluntaria al erario 25 millones de pesos, que en esencia estaban destinados a la adquisición de una planta de cemento asfáltico en el distrito municipal Tábara Abajo de la provincia Azua de Compostela.
Ahora, el nombre del ingeniero Bolívar Ventura vuelve a estar en la palestra pública, esta vez como parte de la investigación en el entramado de corrupción administrativa operación Calamar.
El reciente escándalo de corrupción administrativa denominada por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), como operación Calamar, que sustrajo del Estado dominicano RD $31,147,053,422.15, ha salpicado nueva vez al ingeniero Bolívar Ventura.
Según el Ministerio Público mediante sobrevaluaciones y expropiaciones de 25 terrenos ubicados en diferentes puntos del país, Bolívar sirvió de mediador para el desvío de fondos usados por ex ministro de Hacienda Donald Guerrero y el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, imputados en el caso, en beneficio de las campañas políticas del Partido de la Liberación Dominicana en el periodo 2019 y 2020.
Con el fin de distraer sumas millonarias, la estructura mafiosa habría cometido actos de corrupción para desfalcar y estafar al Estado mediante la realización de múltiples maniobras fraudulentas desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por Donald Guerrero Ortiz.
Basada en un esquema de acuerdos de reconocimiento de deuda a través de OISOE, como también empresas de contratistas del Estado realizaron maniobras ilícitas en el proceso de adjudicación de obras, incluyendo aquellas con cubicaciones de cierre, en las que se falsearon trabajos adicionales que no fueron ejecutados; en el entramado también los encartados simularon la legalidad de los pagos mediante los acuerdos de reconocimiento de deuda.
Según detalla Bolívar Ventura en su declaración presentada como colaborador en la operación Calamar ante el órgano persecutor, los implicados Donald Guerrero y José Ramón Peralta incurrieron en el adelanto de fechas en los acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales y de esta forma pudieran clasificar como deuda administrativa, hasta ser pagados a través del Ministerio de Hacienda.
Mediante extorsión lograron que Ventura entregue la suma de RD $527,694,838.00 como un aporte a la campaña política de la organización morada, constituyendo según el Ministerio Público, una estructura de soborno.
Si bien es cierto, el ingeniero Bolívar Ventura ha figurado en varios expedientes de corrupción administrativa y es en la actualidad uno de los tres cantores de Viena, es decir, testigo clave de la acusación que realiza el PEPCA a los involucrados en la operación Calamar, ha logrado salir airoso en todos los procesos.
Este próximo domingo 26 se reanuda el conocimiento de la medida de coerción contra el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, el ex administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y 18 personas más.
