Santo Domingo. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó este martes a la Procuraduría General de la República una investigación con carácter de urgencia a las graves denuncias de irregularidades durante el proceso de adquisición de un millón cincuenta mil libretas de pasaportes realizado por la Dirección General de Pasaportes.
El presidente del CARD, Surún Hernández explicó a la prensa que partes involucradas expresaron qué en dicho proceso se registró una manipulación dolosa por parte del Departamento de Compras de la Dirección de Pasaportes para lograr la exclusión de determinados oferentes de calidad.
Hernández agregó que la institución impuso la selección de las empresas TRANSNEG, SRL y MIDAS DOMINICANA, S.A como las distribuidoras de las libretas por un valor de RD$261 por encima del precio regular, de igual modo sostuvo que institución había pagado a una de las oferentes en diciembre del 2022, según se hace constar en contrato suscrito con MIDAS DOMINICANA, S.A., lo que implica una posible sobrevaluación por más de 270 millones en perjuicio del Estado.
En ese sentido, el presidente del Card expresó que simular un precio irreal para distraer fondos públicos es un hecho grave y cuestionable, ya que no existe forma posible de justificar el desproporcional aumento de precios en tan sólo tres meses, sobre todo si se trata del mismo suplidor.
Es por esta razón, que el CARD solicitó a la Procuraduría General de la República investigar a todos los funcionarios de la Dirección General de Pasaportes involucrados en el proceso al que califican como fraudulento y a los ejecutivos de las empresas beneficiarias, ya que según indica Hernández “estamos ante la posible comisión de una estafa agravada, sobrevaluación, coalición de funcionarios y prevaricación en perjuicio del Estado Dominicano”.
De igual modo, a parte de exigir la investigación de las dos empresas mencionadas anteriormente, el presidente del Colegio de Abogados pidió que se investigue la relación que tienen con la empresa GB Group, propiedad del empresario haitiano Gilbert Bigio, socio de Pablo Portes asesor empresarial del Poder Ejecutivo.
