Lima. – El Congreso de Perú aprobó este jueves el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por presuntas irregularidades en la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas de la covid-19 durante la pandemia.
Con 102 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones, el hemiciclo dio luz verde al informe que elaboró la Comisión de Fiscalización, que preside el diputado fujimorista Héctor Ventura, y que recomienda formular una acusación constitucional contra Vizcarra y sus exministras de Economía, Salud y Relaciones Exteriores, María Antonieta Alva, María Elizabeth Hinostroza y Elizabeth Astete, respectivamente.
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Los exfuncionarios están acusados de la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión en perjuicio del Estado.
Entre las principales conclusiones del informe aprobado se sostiene que Vizcarra y las exministras citadas se reunieron con empresas del sector salud para concertar la compra de pruebas rápidas contrario a las políticas de salud vigentes que reconocía el uso de la prueba molecular para detectar el virus.
Además, señala que la central de Compras Públicas – Perú Compras, a requerimiento del Instituto Nacional de Salud (INS), benefició irregularmente a las empresas Nipro Medical Corporation Sucural Perú y Multimedical Supplies SAC para la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas.
Ahora, el informe aprobado por la cámara pasará a manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento y se remitirá al Ministerio Público para que continúe con las investigaciones penales en caso de considerarlo necesario.
Martín Vizcarra
Vizcarra afirmó el pasado 10 de noviembre que espera asumir este año el cargo de congresista para el que quedó electo con la mayor votación nacional en los comicios de 2021, ya que no pudo asumir el cargo por quedar inhabilitado por el Parlamento.
Consideró que el Poder Judicial resolverá «pronto» un recurso que ha presentado para revertir su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años, que aprobó el anterior Congreso (2020-2021) por su presunta vacunación irregular contra la covid-19.
Vizcarra reemplazó en marzo de 2018 en la Presidencia peruana a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien dimitió al cargo para evitar destituición por el Congreso.
Durante su gestión, el expresidente mantuvo una dura pugna con el Congreso dominado por el fujimorismo, que terminó disolviendo el 30 de septiembre de 2019.
Sin embargo, el 10 de noviembre de 2020 fue destituido por «incapacidad moral» por el Congreso siguiente, que también lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante 10 años por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014), que aún están bajo investigación por la justicia peruana.
