Bogotá.- La Defensoría del Pueblo denunció este domingo que desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2022 los grupos armados ilegales en Colombia reclutaron a 155 menores de edad, 30 de ellos el año pasado, lo que indica que los niños siguen «siendo algunas de las principales víctimas» de ese delito.
Los departamentos en donde más se reportaron casos fueron: Caquetá (37); Cauca (25); Arauca (16); Nariño y Putumayo (10 cada uno); Tolima y Antioquia (9 cada uno); Norte de Santander, Meta y Amazonas (5 en cada uno); Chocó (4) y Vaupés y Córdoba (3 cada uno).
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«Los gestos de paz deben ser significativos e impactantes, por eso, en esta nueva conmemoración del Día de las Manos Rojas, reitero el llamado a los grupos armados ilegales para que no sigan reclutando a niños, niñas y adolescentes y a que entreguen a quienes actualmente tienen en sus filas», dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.
Camargo recordó que cada 12 de febrero se conmemora el aniversario de la firma del protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño, iniciativa mundial que llama a la acción para detener la vinculación de niños y niñas en los conflictos armados.
La Defensoría, igualmente, dijo que, de las 34 alertas tempranas emitidas por la entidad en 2022, en 31 de ellas se advierten riesgo de reclutamiento de niños y adolescentes principalmente en Cauca, Antioquia, Chocó, Nariño, Córdoba, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Atlántico.
Además, en las alertas tempranas emitidas, la Defensoría ha advertido riesgos de confinamiento de comunidades, lo «cual genera afectación al derecho a la educación y la deserción escolar, aumentando el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes».
Un total de 8.942 personas han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas como afectadas por la vinculación a diferentes grupos armados al margen de la ley cuando aún eran adolescentes, la mayoría han sido hombres (66 %).
«La Defensoría ha hecho un llamado a unir esfuerzos interinstitucionales y humanitarios para salvaguardar con urgencia la vida de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y comunidades, quienes siguen siendo víctimas del accionar de los grupos ilegales», concluyó Camargo.
