Guayaquil (Ecuador). – Dos años después de los momentos de terror que se vivieron en las calles, en los hospitales y en los cementerios de Guayaquil por el gigantesco número de fallecidos, Ecuador sigue sin cerrar la dolorosa herida que la pandemia causó especialmente en marzo y abril de 2020.
En esos dos meses, el Instituto de Estadística y Censos contabilizó un exceso de 18.754 personas que murieron por causas presuntamente ligadas a la covid-19 en todo el país.
Y aunque hasta ahora no ha sido posible confirmar la razón real de todos los decesos, esas cifras y las imágenes dantescas de los cadáveres en las calles de la segunda ciudad más importante del país pusieron a Ecuador en el foco mundial.
Uno de esos fallecidos fue el padre de Blanca Reyes, Julio Reyes, quien murió en un hospital público el 28 de marzo, tan solo un mes después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en Ecuador.
«La enfermedad de mi papá inició el 17 de marzo. Pasaron los días y empeoró, pero nos decían que no vayamos a los hospitales porque estaban saturados», recuerda Reyes con impotencia.
Puedes leer: https://www.salud.gob.ec/en-guayaquil-hubo-15-184-contagios-de-covid-19-en-una-semana/
Tras recorrer varios centros médicos donde le negaron la atención, el 25 de marzo Blanca llevó a su padre al hospital Los Ceibos con un cuadro de neumonía.
«Había más de 300 personas en espera. Pasamos dos días en emergencia y, pese a que le hacían exámenes y le mandaban medicamentos, no le dieron ni un paracetamol», sostiene.
Cuando por fin lo ingresaron, le dijeron a ella que se fuera a casa. Esa fue la última vez que lo vio con vida. «A las 24 horas me dijeron que había fallecido», relata Reyes, y ahí comenzó su particular calvario porque el cuerpo de su padre fue extraviado.
El cadáver de Julio Reyes apareció un mes después en uno de los contenedores que se instalaron como morgues móviles en el hospital.
«Hubiera querido que me lo devuelvan y que muriera con dignidad», lamenta su hija.
El colapso del sistema de salud
El doctor Jairo Gallegos, intensivista del hospital Guasmo Sur, al que llegó la primera paciente con covid-19 confirmada en el país, recuerda que las primeras semanas fueron de mucha incertidumbre.
«Nos preparamos con anticipación, pero una vez que llegó el primer caso, la sala que se destinó para recibir a los pacientes se empezó a llenar», recuerda el médico, y con el pasar de las semanas, todo el hospital tuvo que volcarse a atender la enfermedad porque «fue una expansión bastante rápida».
Durante el primer mes no pudieron extubar a ningún paciente en cuidados intensivos: todos fallecieron. «No lográbamos descifrar cuál era la mejor conducta terapéutica para el manejo de estos pacientes. Fue muy difícil», comenta.
En el hospital le tocó atender a su padre, a otros familiares e incluso a compañeros del hospital que se contagiaron durante la emergencia. Algunos no sobrevivieron.
Consultado por la situación de los cadáveres en las morgues, el especialista dice a Efe que eso lo manejó el área administrativa y los médicos siguieron las normas «que se exigieron en ese momento».
Además de los cientos de fallecidos del hospital, en esos mismos contenedores en los que acabó Julio Reyes se almacenaron también los cuerpos que la Fuerza de Tarea Conjunta, creada por el Gobierno para paliar la crisis funeraria, recogía en las casas y calles de Guayaquil.
En ese entonces, familiares de fallecidos denunciaron que en el hospital les cobraban hasta 100 dólares por darles noticias sobre los cuerpos, por lo que la Fiscalía abrió una investigación por el mal manejo y la pérdida de los cadáveres.
Tras dos años, el proceso judicial, en el que también se investigan a otros hospitales de la ciudad, está estancado en la investigación previa. No hay culpables, pero sí familias que aún no saben qué pasó con los cuerpos de sus parientes.
Los cadáveres en las calles
Hasta los contenedores del mismo hospital Guasmo Sur llegó el cuerpo de Luis Ayala, quien murió el 30 de marzo en su casa. «Desde ese día empezamos a llamar al 911 y nos dijeron que había demasiados fallecidos y que iban a tardar en retirar el cuerpo», narra su hija Sharon Ayala.
Según el Registro Civil, entre el 30 de marzo y 5 de abril murieron entre 500 y 700 personas por día solo en la costera provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil.
Pasaron cuatro días y nadie contestaba en la línea de emergencias. «Ya no podíamos convivir con el cuerpo de mi papá y teníamos problemas con los vecinos por los olores. Nos recomendaron buscar un terreno para enterrarlo por nuestra cuenta», dice Ayala entre lágrimas.
Intentaron comprar un ataúd y un espacio en un camposanto, pero tampoco pudieron. «Las cajas sencillas estaban en 1.500 dólares y había filas muy largas en los cementerios», señala.
Caos en las calles por Covid-19
Cuando por fin llegó Medicina Legal, le dijeron que se lo llevarían a los contenedores y no supo de su paradero en dos meses. En esos mismos días, decenas de cuerpos que empezaban a descomponerse fueron abandonados en las calles debido al colapso de las funerarias.
Encontró el nombre de su padre en la página web que habilitó el Gobierno ante el reclamo de los familiares de conocer en dónde estaban enterrando los cuerpos, pues funcionarios locales hablaron del uso de fosas comunes.
«Eso no ocurrió. Aquí cada fallecido está en un espacio con una ubicación asignada», enfatiza el presidente de Camposanto Parque de la Paz, Fernando Flores. En dos de los cementerios que él dirige se enterraron los cuerpos que estaban en los contenedores.
Sin embargo, no niega que hubo un mal manejo de los cuerpos en esas morgues. «La Fiscalía ha realizado varias exhumaciones porque está investigando. Nosotros no podíamos controlar que el fallecido sea el fallecido más allá de la etiqueta que tenía, porque no los podíamos manipular. Venían en bolsas negras y selladas», detalla a Efe.
Uno de los cadáveres exhumados fue precisamente el que estaba en el espacio del padre de Sharon. En agosto de 2020, recibió una llamada de Criminalística en la que le dijeron que habían encontrado a su pariente en uno de los contenedores.
Tras las pruebas de ADN, tuvieron que desenterrar el cadáver que estaba en el espacio de Luis Ayala y en el que Sharon y su familia habían llorado muchas veces.
«Seis meses después de que falleció mi papá, recién lo sepulté. Fueron momentos muy duros porque nunca nos imaginamos que íbamos a vivir esta situación», lamenta.
En total, 1.498 cuerpos recogidos por la Fuerza de Tarea fueron enterrados en Parque de la Paz, sumados a los 100 diarios que recogió y enterró por su cuenta el cementerio entre finales de marzo e inicios de abril.
«Llegó un momento en que nuestra capacidad para sepultar, de casi 100 diarios, era excedida por la misma cantidad de fallecidos que llegaban. Fueron jornadas larguísimas», recuerda Flores.
La esperanza de la vacunación
A mediados de 2021, y con la llegada de Guillermo Lasso a la Presidencia, el proceso de vacunación, marcado hasta ese momento por sospechas de corrupción, se aceleró en el país.
Según el Ministerio de Salud, el 84 % de la población tiene las dos dosis y el 21 % la de refuerzo, un alto porcentaje de inmunización que evitó que las imágenes de la primera ola se repitieran con la reciente irrupción de la variante ómicron.
Ahora el Gobierno cree enfrentar con más seguridad el fin de la pandemia en el país, al punto que ha flexibilizado las restricciones para las fiestas de Carnaval y ha reabierto la frontera terrestre con Perú tras casi dos años cerrada.
«Si no aparece alguna otra variante como la ómicron, y si seguimos con una tasa de vacunación así de buena como ahora, posiblemente para fines de marzo o abril ya podremos dejar de utilizar la mascarilla en lugares abiertos», vaticinó la pasada semana la ministra de Salud Pública, Ximena Garzón.
«Y, para mayo, posiblemente podemos decir que nuestro país está libre del brote de covid-19», vaticinó Garzón, enfocada en lograr que Ecuador sea el primer país de Latinoamérica en conseguir ese hito.
