jueves, abril 25, 2024
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Entregan expediente «Operación Medusa» a coordinadora de Juzgados de la Instrucción para que designe otro tribunal

La Oficina de Atención Permanente entregó a la Coordinadora de los Juzgados de Instrucción la acusación formal contra los implicados en la Operación Medusa, depositada por el Ministerio Público, la noche del sábado.  

Ahora corresponde que se designe otro tribunal que se encargará del juicio preliminar en este caso que tiene como principal acusado al ex procurador Jean Alain Rodríguez.

Tal y como adelantó hace varios días el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, en el expediente hay nuevos implicados.

Las autoridades establecen que el exprocurador y los demás imputados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y el ex subdirector Alfredo Alexander Solano Augusto cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.

El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.

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