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Santo Domingo.- Representantes del sector medioambiental respaldaron la conformación de un comité técnico de veeduría para dar seguimiento al estudio de impacto ambiental del Proyecto Minero Romero, ubicado en San Juan de la Maguana. Esta propuesta surge tras la reciente aprobación por parte del Ministerio de Medio Ambiente de los Términos de Referencia (TDR) que permitirán el inicio de dichos estudios.
Los especialistas coincidieron en que la aprobación de los TDR no constituye una autorización para la explotación minera, sino que marca el comienzo del proceso técnico que determinará la viabilidad ambiental del proyecto.
Víctor Almánzar, exdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y miembro de la Comisión Ambiental de la UASD, destacó la importancia del acompañamiento de la sociedad civil a través de instituciones clave. “Aquí hay dos instituciones que juegan un papel fundamental: la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), mediante su Comisión Ambiental, y la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Ese acompañamiento es esencial”, señaló.
En la misma línea, el profesor Eli Martínez Mena, también miembro de ambas comisiones ambientales, sostuvo que la participación debe estar respaldada por el conocimiento técnico de las entidades involucradas. “Debe formarse un equipo multidisciplinario de personalidades con credibilidad y experiencia científica que sirva de garantía para el proceso”, indicó.
Por su parte, el procurador de medioambiente, magistrado Francisco Contreras, enfatizó la importancia de la inclusión comunitaria: “La comunidad está empoderada y debe ser escuchada. Técnicos de la UASD, la Academia de Ciencias, organismos internacionales y los propios comunitarios deben participar en los levantamientos”, expresó.
Nelson Bautista, de la organización Acción Verde, subrayó la necesidad de que el proceso esté acompañado por instituciones con legitimidad técnica y social. “Si el Estado ha abierto la posibilidad de una licencia ambiental bajo el cumplimiento de los TDR, lo mínimo que se requiere es que todo el análisis esté supervisado por entidades acreditadas y con alta credibilidad”, puntualizó.
En tanto, el abogado ambientalista Nelson Pimentel consideró que la emisión de los TDR representa una oportunidad para disipar preocupaciones sociales mediante una evaluación rigurosa. “Debe garantizarse la intervención de entidades técnicas nacionales e internacionales como el PENUMA, la Comisión Ambiental de la UASD y la Academia de Ciencias, para asegurar resultados confiables”, declaró.
Los expertos coinciden en que la magnitud del Proyecto Romero exige un enfoque riguroso, transparente y con alto respaldo científico, con el fin de proteger los recursos naturales y asegurar la confianza de la población dominicana.
