Berlín. – La mayoría de países europeos apenas han avanzado a lo largo del año pasado en el cumplimento de los estándares del Estado de derecho, mientras Polonia y Hungría se mantienen como los «peores infractores», según datos recabados por 45 organizaciones de derechos humanos en 18 países europeos.
La situación a lo largo y ancho de la Unión Europea (UE) «continúa en la dirección equivocada», señaló un informe publicado este martes por la Unión de las Libertades Civiles por Europa, un observatorio con sede en Berlín.
En concreto, los Gobiernos de Hungría y de Polonia siguen implementando medidas diseñadas para «centralizar el poder, silenciar a sus oponentes, controlar la opinión pública y hacer muy difícil que puedan perder futuras elecciones», de acuerdo con la organización.
No obstante, los resultados de la «influencia positiva» que ha tratado de ejercer la UE han sido moderados, puesto que el nuevo mecanismo de condicionalidad para bloquear fondos a Hungría todavía no ha producido cambios «genuinos» y las reformas negociadas con Polonia conllevan mejoras, pero «no liberan a los jueces del control político».
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La propia UE probablemente vea dañada su «credibilidad» tras el estallido del escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo bautizado como «Qatargate», conjetura el informe, por lo que deberá esforzarse para recuperar el apoyo de la opinión pública en estas cuestiones.
Estado de derecho
El observatorio de libertades civiles también advirtió del riesgo de que los nuevos Gobiernos de coalición en Suecia y en Italia viren hacia el «autoritarismo», en base a algunas «señales tempranas» como «el incremento de los ataques retóricos contra las ONG y los medios».
«Los Gobiernos europeos deberían darse cuenta de que si no nutren sus democracias, están allanando el camino para políticos extremistas que no dudarán a la hora de demoler el sistema en su conjunto», declaró con motivo de la publicación del informe el director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles, Balazs Denes.
Éste conminó además a Bruselas a usar sin vacilaciones los mecanismos que permiten el bloqueo de fondos tanto en el caso de Polonia y de Hungría, de forma que «no les quede más opción que devolver la democracia a sus ciudadanos».
Por el contrario, según la organización un país en el que se han producido cambios positivos es Eslovenia, donde se están dando esfuerzos para restablecer la independencia de las instituciones y revocar multas impuestas ilegalmente durante el mandato del anterior Gobierno de extrema derecha.
España sin progreso
En el apartado dedicado a España, el informe destaca que en 2022 no mejoró la independencia del sistema judicial y que el Gobierno no implementó las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) para abordar la independencia de la fiscalía general del Estado, renovar el Consejo General del Poder Judicial y gestionar de forma más eficiente los casos de corrupción de alto nivel.
Además, las medidas adoptadas para mejorar el marco de la lucha anti-corrupción no han surtido efecto y la nueva legislación audiovisual no contempla la recomendación de la CE de crear una autoridad audiovisual nacional independiente.
El informe también se hizo eco de las críticas al anteproyecto de la Ley de Secretos Oficiales, que según las organizaciones de prensa contiene limitaciones a libertad de expresión y al derecho a la información.
Por último, en la categoría de «violaciones sistémicas de derechos humanos», el observatorio destaca la «falta de interés» de las autoridades españolas a la hora de garantizar el cumplimiento de dichos derechos cuando afectan a personas migrantes.
Ello, junto con la ausencia de investigaciones exhaustivas ante alegaciones de abusos y las «insuficientes reparaciones» para las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, han llevado a que en dicha categoría España esté clasificada como «en regresión».
